Galicia solicita la suspensión cautelar de la devolución de las ayudas al naval
El presidente de la Xunta, Alberto Nuñez Feijoo, junto al conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, durante la declaración a los medios sobre la devolución de las ayudas al naval exigida por Bruselas. EFE

El conselleiro de Industria de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, ha instado este jueves al Gobierno central a solicitar la suspensión cautelar de la devolución de las ayudas al naval entre 2007 y 2011 mientras no se resuelva el posible recurso que presentará al Tribunal Europeo de Justicia.

La Comisión Europea exigió este miércoles a España que recupere las ayudas fiscales que concedió al sector naval entre 2007 y 2011, al considerar esas bonificaciones ilegales, tras lo que el ministro de Industria, José Manuel Soria, dejó la puerta abierta a recurrir los términos de la decisión de esta decisión, medida que defiende Galicia.

La Xunta trabajará conjuntamente con el Gobierno central en un "frente común muy efectivo" para revertir esta situaciónEste jueves, el titular de Industria gallego ha explicado, en una entrevista a la Radio Galega, que la Xunta trabajará a partir de ahora en una doble dirección, como es, en primer lugar, la de "defender los intereses de los astilleros de una decisión injusta e irresponsable" que ya analiza el Ejecutivo autonómico.

"El Gobierno debe presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo e incluso solicitar la suspensión cautelar de las ayudas" mientras aquel no se resuelva, ha subrayado Conde, quien también ha garantizado que desde la Xunta trabajarán para que los inversores no tengan que devolver dichas ayudas, como tampoco lo harán los armadores y los astilleros.

La segunda línea de actuación pasa por "generar confianza entre los inversores" para que "Galicia y España sigan contratando barcos", para lo que se necesita su financiación. "No dejaremos de trabajar por este futuro con los astilleros", ha incidido.

Conde ha recordado que el comisario Joaquín Almunia "cambió hasta tres veces" esta resolución, ante la que la Xunta ha comprometido un trabajo conjunto con el Gobierno central en un "frente común muy efectivo" para revertir esta situación.

En cuanto a la cuantía de las ayudas a devolver, ha incidido en que dicho cálculo corresponde al Gobierno pero ha dicho que se trataría de "una cuantía menor", por lo que ha confiado en todo caso en una situación "asumible" para los inversores.

El conselleiro gallego ha recordado que la Comisión Europea tardó cinco años en abrir un expediente tras las denuncias de los astilleros holandeses en 2005 y ha agregado que esta "inacción es suficientemente consistente para que ahora ninguna de las partes que en su momento lo único que hicieron fue cumplir la ley tengan que hacer frente a esas devoluciones".

200 buques afectados

El presidente de la patronal de astilleros privados Pymar, Álvaro Platero, ha cifrado en unos 200 buques los afectados por la resolución de Bruselas y ha insistido en que confía en que el Gobierno minimice el impacto de la decisión comunitaria para que sea lo menos "dramática" posible.

No dudamos de que el Gobierno hará un es"La letra pequeña la tiene que poner el Gobierno y no dudamos de que harán un esfuerzo para minimizar el daño que ya nos ha hecho este expediente en dos años de sequía contratadora", en los que los astilleros han perdido la construcción de 50 barcos (valorados en más de 2.000 millones de euros), ha afirmado Platero durante su intervención en el Forum Europa.

Confiamos en que el Gobierno mimimice el impacto de la decisión comunitaria Inicialmente, barajaba solicitar las devoluciones desde 2005 y que también tuvieran que hacer frente los armadores, condiciones que de haberse mantenido habrían supuesto el fin del sector, ha asegurado Platero, quien ha advertido de que aunque han quedado exentos, los inversores no se van a quedar quietos y reclamarán el dinero a astilleros y armadores.

Ha añadido que estaban moderadamente "optimistas" porque aunque se trata de una resolución "injusta y discriminatoria" es mejor que la que se barajó inicialmente y porque su aplicación depende de las autoridades españolas .

"El Gobierno hará el trabajo que tenga que hacer. Son muchos barcos los que están implicados y hay que hacer un análisis uno por uno. No todas de las partes de este sistema son consideradas ilegales. No hay duda de que Hacienda será dura y hará lo que tenga que hacer", ha puntualizado posteriormente Platero.

Platero ha deseado a Holanda y los seis países que denunciaron a España en 2011 -que disponen de sistemas similares al español y que están siendo investigados- "prueben" de lo mismo que ellos han hecho.