El Grupo de IU en la Diputación de Córdoba lleva al Pleno de la institución provincial de este jueves una proposición con la que pretende que se exprese el rechazo de la administración provincial al recurso presentado por el PP contra el decreto, promovido por la Consejería de Fomento y Vivienda, sobre Función Social de la Vivienda.

A través de un comunicado, el portavoz de IU en la Diputación, Francisco Martínez, ha lamentado que "el PP, el señor Rajoy, el señor Zoido y el señor Nieto hayan antepuesto los intereses de los bancos, algo a lo que nos tienen acostumbrados, a los intereses de los ciudadanos, y que vayan a permitir que se produzcan desahucios".

Martínez ha recordado que desde 2007 han sido más de 86.000 el número de desahucios que han tenido lugar en Andalucía, "generando drama y situaciones extremas para aquellas familias que les ha tocado sufrir y vivir tal realidad". Por eso, lo que se pretendía desde IU con el decreto, ahora recurrido por el Gobierno de la Nación, "es que no hubiera en nuestra comunidad ningún desahucio más".

El problema, según Martínez, "es que lo único que está defendiendo el PP con el recurso presentado a la norma no es el derecho a la propiedad, sino los intereses de las entidades financieras, en este caso a costa de una violenta intromisión en la soberanía andaluza y poniéndose en frente de la mayoría social y de las familias y personas que están ya con una orden de desahucio ejecutada por la entidad financiera".

Registro civil gratuito y público

Por otro lado, IU también lleva al Pleno de la Diputación otra moción, en defensa de "un Registro Civil público y gratuito", pues Martínez entiende que "con el anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros no se está legislando en beneficio de los ciudadanos, sino que, por el contrario, esta reforma establece un nuevo sistema dirigido a dotar de suculentos recursos económicos a los registradores de la propiedad, a los registradores mercantiles y a los notarios, atribuyéndoles una importante fuente de ingresos". Se trata, por tanto, según Martínez, "de una clara privatización de este servicio, englobada dentro del proceso que el Ministerio de Justicia ya inició con la Ley de Tasas Judiciales".

Otro de las consecuencias negativas que, según IU, conlleva el anteproyecto, "es alejar la justicia del ciudadano, ya que pretende poner fin a los registros civiles locales", ya que, "en el texto de este anteproyecto solo se especifica que habrá un Registro Civil por provincia, con competencia en todo el territorio provincial y que estará a cargo de los registradores de la propiedad o mercantiles, lo que supone la desaparición de los registros civiles de los pueblos".

Esto implica, según el portavoz de IU, que "los ciudadanos del mundo rural pasarán a ser ciudadanos de segunda, obligados a tener que desplazarse para cualquier trámite, con la consiguiente pérdida de tiempo y dinero, puesto que, además de los gastos del viaje, a partir de ahora tendrán que pagar para acceder a los servicios que se les presten, servicios que actualmente son gratuitos".