La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha enviado una carta al Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros, para que defienda al sector naval español, perjudicado por la decisión de la Comisión Europea de exigir a España que recupere las ayudas concedidas a los astilleros mediante bonificaciones fiscales entre 2007 y 2011.

La decisión europea podría suponr mala administración y una infracción de los principios de irretroactividadLa Institución pide la intervención del Defensor del Pueblo Europeo al considerar que la actuación de la Comisaría de la Competencia podría suponer mala administración, así como una infracción de los principios de irretroactividad, seguridad jurídica, protección de la confianza legítima e igualdad.

Ls Defensora destaca en su misiva la diferencia de trato entre la decisión adoptada para Francia, en un caso similar, y la aplicada para España. Así, mientras que a Francia sólo se le exigió la devolución de las ayudas a partir del inicio del procedimiento, en el caso español se pretende el reintegro con carácter retroactivo a varios años antes de la apertura del expediente.

¿Un futuro inviable?

Una medida que, en opinión de la Institución, arruinará al sector, ya que la devolución de dichas ayudas afecta a todo el sector naval español y hace inviable su futuro, en un momento en que la necesidad de empresas y empleos es fundamental para la economía española y por ende para la europea.

El ministro de Industria español, José Manuel Soria, se mantuvo en cambio relativamente satisfecho con la decisión tomada. "Almunia hablaba de devolver las ayudas de 2005 a 2011, mientras el gobierno pedía que fuera desde 2011. Así que no es la decisión que habíamos planteado y que nos gusta, pero es mejor de lo que podía haber sido".

El ministro también explicó que "ahora se abre un mecanismo complejo".

La patronal pide "aminorar el impacto"

La patronal de astilleros privados Pymar ha pedido al Gobierno que aminore el impacto que tendrá la decisión de Bruselas. Además de considerarla "injusta y discriminatoria", estima como "devastador" para el sector que se tengan que devolver las ayudas, y no descarta recurrirla.

También reaccionó a la decisión de Bruselas la Federación de Metal Construcción y Afines (MCA) de UGT, que exigió al Gobierno un plan para reactivar el sector naval español tras la "lamentable decisión" de la Comisión Europea.

En opinión del sindicato, astilleros, agentes sociales y Ejecutivo deben "trabajar juntos" para dar confianza al sector y recuperar la contratación para los astilleros españoles.

Castigo inmerecido

El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, arremetió contra Almunia por haber buscado "un castigo inmerecido" para España. "Causa rechazo la actitud del señor Almunia. Sorprende que el que más nos ha defendido en la Comisión ha sido un italiano, no un español, y ha buscado un castigo inmerecido para España. La decisión es injusta y debe ser revisada", ha destacado Alonso en los pasillos del Senado.

Para Alonso, lo acordado por el colegio de comisarios es una "muy mala decisión" que supone un duro golpe en el naval y genera preocupación en los más 87.000 trabajadores españoles de este sector. Por ello, ha pedido que se exploren "todas las posibilidades" para revertir esta decisión de las autoridades comunitarias que, ha alertado, puede tener consecuencias sociales "terribles".