La Administración del Principado se quedará con 157 puestos de libre designación, frente a los 417 con los que cuenta actualmente, Buena parte de ellos serán los llamados "directivos" una nueva figura reservada para niveles de alta responsabilidad, y que tendrán que tener la condición previa de empleados públicos.

Son algunas de los cambios más importantes incluidos en la Ley de Medidas en Materia de Función Pública y Organización Administrativa, cuyo proyecto ha aprobado este miércoles el Consejo de Gobierno de Asturias. La consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, Dolores Carcedo, ha expuesto los puntos más importantes de la iniciativa en rueda de prensa.

Con la reducción planteada, los puestos de libre designación (157) representarían un 0,78% de la estructura administrativa del Principado, sin tener en cuenta el Sespa, que cuenta con organización propia.

La libre desginación quedará limitada, según la consejera, "solo a secretarías de despacho y conductores del presidente y consejeros, directores de centros y establecimientos públicos que así lo determine la relación de puestos de trabajo, además de a los puestos directivos".

"Este personal directivo será empleado público, funcionario o laboral, y desempeñará los puestos más altos de responsabilidad dentro de la Administración, con autonomía funcional y sujetos a un plan anual de objetivos", ha matizado la responsable de Administraciones Públicas. Además, el número total de directivos no podrá superar el doble de las direcciones generales. Por tanto, si en este momento hay 36 direcciones generales, lsolo podría haber 72 puestos directivos.

Por otra parte, "las jefaturas de servicio que hasta ahora eran empleados públicos por libre designación, a partir de ahora van a ser por concurso".

Los secretarios generales técnicos e interventores generales tendrán que ser funcionarios de carrera, sin excepción. Los viceconsejeros, directores generales y directores-gerentes de organismos públicos estarán configurados como altos cargos y no se les exigirá la condición de funcionarios o empleados públicos, solo competencia profesional y experiencia, igual que en el resto de las CCAA.

Además, se ha acordado con los sindicatos de la función pública regular los procedimientos de concurso para que sea más ágiles. Las modificaciones de la estructura no pueden suponer más coste ni en plantilla ni en gastos de personal.

Convenio con el cai de castiello

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado la firma del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Gijón para el Centro de Apoyo a la Integración (CAI) municipal de Castiello. Con este acuerdo se eleva a 1,7 millones la partida destinada este ejercicio por la Consejería de Bienestar Social para el sostenimiento de estos equipamientos que prestan servicios a personas con diferentes necesidades por su grado de dependencia.

El Consejo de Gobierno ha aprobado una aportación de 321.336 euros para el sostenimiento del CAI de Castiello, que cuenta con 55 usuarios y es uno de los cinco centros municipales existentes en Asturias con los que la Consejería de Bienestar Social y Vivienda tiene suscritos convenios de colaboración de carácter anual. El Principado aporta una cantidad determinada a cada CAI en función del coste por plaza, según el grado de dependencia de los usuarios y los servicios complementarios de comedor y transporte que se presten.

El pasado 22 de mayo, el Consejo de Gobierno dio luz verde a la firma de los convenios de colaboración con los ayuntamientos de Mieres, Langreo, Valdés y Cangas del Narcea para el sostenimiento de estos centros, con una cantidad global de más de 1,4 millones de euros.

En total, los cinco CAI atienden a 232 los usuarios y la partida correspondiente a cada uno de ellos para este año es la siguiente: CAI de Castiello (Gijón): 321.336 euros; CAI de Canero (Valdés):166.044 euros; CAI de Cardeo (Mieres): 383.508 euros; CAI de Pando (Langreo): 591.216 euros; CAI de Penlés (Cangas de Narcea):

261.960 euros.