El consejero de la Presidencia del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que negocie con la Unión Europea para conseguir que la devolución de las ayudas de los astilleros tenga "el menor impacto posible" en el sector.

Así lo ha señalado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, tras conocer la decisión del Colegio de Comisarios de la Unión Europea, que mantiene la obligación de devolución de las ayudas a los astilleros concedidas en España desde 2007.

Preguntado por los medios, Martínez no ha descartado acciones jurídicas por parte del Ejecutivo autonómico, dado que ha mantenido que tiene "argumentos jurídicos de peso" para defender su postura. No obstante, sí ha demandado a Rajoy que negocio con la Unión Europea para que "el impacto de las devoluciones sea el menos posible".

Según el consejero, el Ejecutivo asturiano "no puede estar satisfecho" con esta decisión y ha mostrado su "preocupación" por lo que implica para este sector industrial. Mantiene lo justo, desde su punto de vista, sería que la devolución de ayudas se aplicara desde el año 2011, cuando fueron declaradas irregulares, y en ningún caso desde 2007.

No obstante, recuerda que la aplicación a partir de 2007 ha sido "un avance" con respecto a la posición inicial, que fijaba el año 2005. Además, recuerda que en las sucesivas negociaciones "se han ido dando pasos", en los que se han conseguido "exonerar" de la devolución tanto a astilleros como a armadores. En este punto, ha destacado el esfuerzo realizado tanto por el Gobierno de España como por las comunidades autónomas implicadas (Asturias, Galicia y País Vasco), y especialmente se ha referido a las reuniones mantenidas por el presidente asturiano, Javier Fernández, con el vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani, y su jefe de gabinete, Diego Canga.

Impuesto a la banca

Por otra parte, Martínez ha mostrado su satisfacción por la decisión del Tribunal Constitucional, de levantar cautelarmente la suspensión del impuesto asturiano sobre los depósitos bancarios.

"Es una buena noticia porque permitirá recaudar más de 30 millones de euros este años, lo que aportará más recursos para financiar los servicios públicos", ha explicado. A su juicio, la decisión judicial "pese a ser temporal, coincide plenamente con los planteamientos del Principado", especialmente con que "los intereses de la banca no pueden prevalecer sobre los intereses de los ciudadanos".

Así, ha mostrado su confianza en que, el fallo final del Tribunal Constitucional sea en el mismo sentido que esta decisión temporal.