NSA
Logo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de EE UU. NSA

Un heterogéneo grupo de organizaciones religiosas, medioambientales, de defensa de las armas o la libertad en internet ha demandado a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estadounidense por los programas de espionaje y recolección de datos revelados por el excontratista Edward Snowden.

La demanda, presentada por una veintena de ONG, presentada ante un tribunal federal de San Francisco (California), cuestiona el "programa inconstitucional de vigilancia electrónica" de los registros telefónicos de estadounidenses.

Este programa, que obtiene datos de números de teléfonos, duración de llamadas y localización de millones de personas, fue primero dado a conocer por los diarios The Guardian y The Washington Post con la ayuda de Snowden, actualmente refugiado en el aeropuerto de Moscú a la espera de recibir asilo.

Esta demanda, que se presenta tras otras similares contra la NSA, incluye a organizaciones tan disparares como la Iglesia Unitaria de Los Ángeles, el Consejo Islámico, Greenpeace, fundaciones de libertad en internet como Free Software Foundation, en defensa de la marihuana o del derecho a portar armas.

"Conexiones privadas"

La demanda denuncia que los datos telefónicos obtenidos revelan "conexiones privadas entre individuos y grupos, incluidos los demandantes, sus miembros y personal".

"El programa recopila información de todas las llamadas dentro de Estados Unidos, incluidas llamadas locales o llamadas entre Estados Unidos y el extranjero, independientemente de las conexiones con el terrorismo internacional o de una razonable sospecha", indica la demanda.

La posibilidad de recopilar y almacenar registros de llamadas es autorizada a la NSA por un tribunal secreto conocido como FISA, cuyos poderes han sido progresivamente ampliados desde la aprobación de la llamada Patriot Act en 2001, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La demanda se centra en criticar la sección 215 de la Patriot Act que permite al tribunal FISA autorizar amplias medidas de vigilancia de comunicaciones telefónicas siempre que se considere que la información puede ser relevante para una investigación.