La Comisión Europea pedirá con toda probabilidad este miércoles a España que recupere las ayudas concedidas a los astilleros mediante el sistema de bonificaciones fiscales del 'tax lease' entre 2007 y 2011 al considerarlas ilegales. Las subvenciones deberán devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni tampoco los propios astilleros.

La decisión final se adoptará en la reunión semanal del colegio de comisarios y, aunque habrá debate, será "muy difícil cambiar" la fecha de 2007, según han informado fuentes conocedoras de las negociaciones.

En Galicia se mantiene la expectación sobre la resolución definitiva que se dará a conocer el miércoles, pues tanto sindicatos como astilleros y empresarios del metal consideran "insuficiente" el planteamiento de que las devoluciones se hagan entre 2007 y 2011, el cual supone una modificación respecto de la fecha de 2005 que se apuntaba en un principio. Así, defienden una resolución que sea favorable al sector, pues una negativa lo condenaría a su "desaparición".

El portavoz de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime), Enrique Mallón, insistió en que existen "argumentos jurídicos" que defienden la postura de que no haya que realizar reembolsos. "Lo importante es obtener una resolución sin devoluciones", indicó, apuntando aún así que "en el peor de los casos" defiende que la devolución sólo sea a partir de 2011.

Por su parte, el presidente del Clúster de Empresas del Naval de Galicia (Aclunaga), Fernando Alcalde, ha apelado a la "prudencia" a la espera de la postura definitiva de Bruselas, al tiempo que ha destacado que se sigue trabajando desde diversos frentes y "haciendo contactos de última hora".

En cuanto a los trabajadores, queman su último cartucho de medidas presión ya que representantes de los comités de empresa, delegados sindicales y operarios han iniciado este martes un encierro en las instalaciones de los astilleros de Vigo que se mantendrá hasta que se conozca la resolución.

En cuanto a la postura de la Xunta, mantiene su petición de que la devolución de las ayudas del 'tax lease' se contabilice a partir de las recibidas desde 2011 y espera "una resolución justa e igualdad de trato que al resto de Europa", según ha manifestado el conselleiro de Industria Francisco Conde.

FECHAS

El vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, planteaba inicialmente que se reembolsaran las ayudas recibidas desde 2005, fecha en que Bruselas lanzó una investigación sobre un sistema francés similar. Pero los jefes de gabinete alcanzaron el lunes un acuerdo para retrasar la fecha hasta 2007, cuando se resolvió el caso francés.

Esta última modificación en la decisión de Bruselas se produjo tras la llamada telefónica del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, para interceder por los astilleros españoles, en la que le dijo que "defender un sector estratégico como el naval es una obligación de las instituciones" comunitarias.

Desde el departamento de Industria del Ejecutivo comunitario, que dirige el vicepresidente Antonio Tajani, se ha seguido insistiendo en retrasar hasta 2009 la fecha a partir de la cual hay que devolver las ayudas, es improbable que esta propuesta prospere, según las fuentes consultadas.

La nueva fecha de 2007 ha sido considerada insuficiente tanto por las principales comunidades autónomas afectadas -Galicia, País Vasco y Asturias-, como por los representantes del sector. La asociación de Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (Pymar) ha dicho este martes que la devolución de las ayudas recibidas entre los años 2007 y 2011 supondría "la desaparición de los astilleros españoles".

Ayudas posteriores a 2011

El ministro de Industria, José Manuel Soria, reclamó la semana pasada en una reunión con Almunia que sólo deban recuperarse las ayudas posteriores a 2011, fecha en que Bruselas lanzó su investigación sobre el 'tax lease' español. Y utilizó como argumento la "total inacción" del Ejecutivo comunitario, pese a que el régimen español estuvo en vigor desde 2002.

Además, la anterior comisaria de Competencia, Neelie Kroes, defendió la legalidad del sistema español en una carta remitida al Gobierno noruego en 2009. Pero el vicepresidente de la Comisión respondió que la misiva de Kroes "no se puede tomar en consideración desde el punto de vista jurídico".

Soria cifró en más de 2.000 millones de euros las ayudas que el sector deberá reembolsar en caso de decisión negativa de Bruselas y tanto él como los presidentes autonómicos que le acompañaron -el vasco Íñigo Urkullu, el gallego Alberto Núñez Feijoo, y el asturiano Javier Fernández- alertaron de que ello pondría en riesgo la supervivencia del sector y 87.000 puestos de trabajo.

La delegación española alegó además que la exención de astilleros y armadores de la obligación de devolver las ayudas no resuelve el problema porque los astilleros se quedarán sin financiación. En cambio, Almunia alega que desde noviembre del año pasado existe un nuevo sistema de bonificaciones fiscales que ha sido aprobado por Bruselas y que la industria española es puntera y podrá beneficiarse de nuevos encargos.