C.Currás culpa a las exigencias de capital y sostiene que las cajas no podían liderar uniones con otras entidades

Asegura que las conclusiones del informe sobre la fusión "fueron claras, indicando la viabilidad"
Marta Fernández Currás
Marta Fernández Currás
EUROPA PRESS

La actual secretaria de Estado de Presupuestos y exconselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, ha culpado al decreto aprobado en 2011 por el Gobierno del PSOE que eleva las exigencias de capital de que el proyecto de la fusión de las cajas gallegas no saliese "como estaba diseñado" y ha sostenido que ninguna de las dos, que estudiaban integraciones con entidades de otras comunidades, estaba "en condiciones" de asumir el liderazgo en esas operaciones.

En su respuesta por escrito a la comisión de investigación de las cajas, a la que ha tenido acceso Europa Press, Fernández Currás indica que las conclusiones del "informe" encargado a KPMG "fueron claras, indicando esa viabilidad" sobre la que se tenía que pronunciar el estudio. "Se pretendía analizar si la fusión era o no viable, no proponer una opción concreta", explica.

La secretaria de Estado de Presupuestos excusó a finales de junio su presencia en la comisión parlamentaria con el argumento de que sus obligaciones en el Gobierno central influyen directamente en organismos como el Banco de España, el FROB o la Sareb. Ante esta situación, se le remitió un cuestionario en cuya redacción participó únicamente el PPdeG, dado que el resto de los grupos rechazó participar en esta fórmula.

En su respuesta, señala que, en el cambio de gobierno, la documentación aportada por el bipartito era "de carácter ordinario y no analítico" y no incluía "advertencia o alarma explícita" sobre la "delicada situación" de las cajas, que presentaban "importantes debilidades".

No obstante, "al poco tiempo de la toma de posesión", el Banco de España pidió "una reunión urgente" con la Xunta, en la que se trasladó la "especial debilidad de las entidades". En una reunión posterior, en mayo de 2009, el director general de Supervisión indica "expresamente" que los anteriores responsables de Facenda "habían sido informados de estos problemas".

Por ello, prosigue, encargó informes a los técnicos de la consellería sobre la situación de las cajas, que afrontaron desde 2004 "una expansión muy importante fuera de Galicia" centrada en el sector promotor. "Se realiza en territorios maduros y con un elevado nivel de bancarización, donde los mejores clientes están ya cogidos por las entidades que tienen experiencia", analiza y apunta a la dependencia del mercado mayorista y al incremento de las necesidades de provisión con la crisis.

Por su parte, las cajas "estaban inmersas en la búsqueda de operaciones corporativas con entidades de fuera de Galicia". En el caso de Caixa Galicia, la alternativa era una operación con Caja Madrid y Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM); en el de Caixanova, confirma que estudiaba uniones con Caja Murcia, Caja Navarra o Cajastur.

La primera, Caja Murcia, dio lugar a BMN, "banco con sede social en Madrid" y "participado mayoritariamente por el FROB"; la segunda participó en el proyecto de Banca Cívica, "hoy absorbida por Caixabank"; y la tercera se integró en Liberbank, "con domicilio social en Madrid y también con ayudas del FROB", recuerda.

"En los planteamientos realizados no se vislumbró en ningún momento que las entidades gallegas pudiesen tener una posición de liderazgo en el proyecto", afirma Fernández Currás, que apunta que se preguntó expresamente al supervisor, que confirmó que "no estaban en condiciones de asumir ese liderazgo".

La que fue conselleira durante las negociaciones para la fusión y el proceso de integración, sostiene que, una vez constatados "los problemas existentes en las entidades", la Xunta analizó las opciones y concluyó que no podían seguir en solitario y que no podían asumir el liderazgo o garantizar que los centros de decisión permaneciesen en Galicia con "las potenciales alternativas que barajaban las cajas".

Apoyo a la fusión

A su juicio, "la única alternativa" para mantener la vinculación con la comunidad y mantener los órganos de decisión "era una operación corporativa entre las dos cajas gallegas", reivindica.

A continuación "se analizó interna y externamente la viabilidad" de la fusión y, tras conocerse el "mandato parlamentario de noviembre de 2009 y una vez constatado que, con las proyecciones existentes en 2009, la operación era viable", se tomó la decisión de "apoyar la fusión gallega como la mejor opción para Galicia".

"La Xunta no prejuzga la decisión de apoyo hasta que constata que, con la normativa existente en aquellos momentos, incluso con el recién aprobado acuerdo de Basilea III, los informes técnicos constataban que la fusión era viable, eficiente y líquida", sostiene.

Cambio normativo

En el momento de la fusión, en diciembre de 2010, recuerda, estaba recién aprobado el acuerdo de Basilea III, que preveía unas exigencias de capital del 4,5% en 2015, y el proyecto "toma como referentes estos mínimos regulatorios". El nuevo decreto del Gobierno, aprobado "dos meses después", eleva las exigencias al 10%.

Esta nueva norma, insiste, se publica "después de que en el momento de la fusión se le indique a la caja fusionada que prime el saneamiento en su asiento de fusión, en lugar de primar las reservas", protesta. "Por lo tanto, el real decreto ley 2/2010, con sus exigencias de capital, impidió que el proyecto pudiese continuar adelante tal y como estaba diseñado", asegura.

"Si a todas las entidades les afectó, más a esta, que estaba diseñada para ejecutar su plan de negocio en cinco años y que, a propuesta del Banco de España, acababa de hacer unos saneamientos importantísimos", argumenta Fernández Currás, que admite que "las circunstancias económicas tampoco ayudaron".

Los estudios para la fusión

La normativa del Estado de 2009 requería que se produjese una operación corporativa para hacer una inyección de ayudas, indica. "Toda vez que se necesitaba esa recapitalización y toda vez que esta exigía una operación corporativa, está claro que no podían continuar en solitario", defiende y sostiene que las propias cajas "eran conscientes" de ello y por eso habían buscado uniones fuera.

Una vez que la Xunta apostó por la fusión, en una reunión mantenida el 4 de diciembre de 2009 entre los directores generales de las dos cajas en la Consellería de Facenda, estos deciden contratar una due diligence para analizar la viabilidad de la fusión. La elegida para el trabajo fue KPMG, por no estar "involucrada" en anteriores informes para estas entidades y por su "prestigio" y el sistema predictivo "validado" por el Banco de España.

"Posteriormente, discrepancias internas en una de las entidades hacen que la Xunta tenga que asumir el proyecto", explica la exconselleira, que dice que no se entregó el informe de KPGM a las cajas porque tenía "información reservada de la otra parte" y, en ese momento, aún eran competidoras. Los directivos lo comprendieron, sostiene, y tanto ellos como el Banco de España estuvieron informados y discutieron las variables y proyecciones realizadas.

El objeto del "informe de KPMG" era analizar "si la fusión era o no viable, no proponer una opción concreta" y "las conclusiones del informe fueron claras, indicando esa viabilidad". Aunque se preveía una segunda parte del trabajo, en la que la auditora prepararía en plan de negocio de la fusión, "las entidades deciden que sean sus propias auditoras, Deloitte y PwC", las que lo elaboren.

Este plan de negocio, asegura Fernández Currás, "llegó también a una conclusión de viabilidad y fue analizado y aprobado por Banco de España, Comisión Europea, FROB y Ministerio de Economía". El encargo de la due diligence, defiende, fue comunicado por la Xunta al Banco de España y este, "como paso previo" a la autorización de la fusión por el Gobierno gallego, "informó este proyecto", el 8 de noviembre de 2010, "considerándolo solvente, rentable y líquido".

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