La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha asegurado que la Junta "no se va a rendir" en la defensa del derecho humano a la vivienda y ha apuntado que contactará esta semana con entidades financieras para "evitar daños irreparables" con la aplicación de desahucios.

Cortés lamenta que el PP, con el recurso de inconstitucionalidad anunciado contra el decreto ley de función social de la vivienda, que contempla expropiaciones temporales del uso de viviendas, "pretende provocar un daño irreparable", ante lo que la Junta pretende evitar que ese daño se produzca, por lo que "a lo largo de hoy, mañana y los próximos días" trasladará a las entidades financieras la encomienda que el Consejo de Gobierno de la Junta le ha hecho.

El Consejo de Gobierno de la Junta ha encomendado a Cortés para que se dirija por escrito a las entidades financieras que operan en Andalucía para pedirles que durante los cinco meses que dura la suspensión cautelar del decreto-ley sobre la función social de la vivienda, —tras el recurso del Gobierno central al Tribunal Constitucional (TC)—, dejen de ejecutar desalojos de familias en riesgo de exclusión social.

Cortés de esta forma pedirá esa moratoria en los procesos de ejecución hipotecaria de viviendas habituales hasta que el TC no se pronuncie sobre el levantamiento de la suspensión cautelar de la norma andaluza. "Queremos evitar un daño irreparable", ha agregado.

Ante esto, la Junta contactará con entidades financieras que operan en Andalucía en próximos días "y veremos la capacidad de recepción de los bancos y cómo lo interpreta ante la situación de emergencia habitacional por un lado y la prerrogativa del presidente del Gobierno central, que ha provocado que el Tribunal Constitucional suspenda esa norma de forma cautelar durante cinco meses, cuando el decreto ley "es plenamente constitucional y recoge los artículos 33 y 45 de la Constitución".

Por otro lado, la consejera ha recordado que dentro del decreto ley de función social de la vivienda emplazaron a las entidades financieras a que comunicaran en el plazo de un mes las VPO que forman parte de sus balances y ha precisado que han sido 20 entidades financieras las que han comunicado las VPO que forman parte de sus balances, algo que ahora se está trabajando y analizando en la Dirección general de Vivienda de la Junta.

"El decreto ley es una herramienta que da poder a los ciudadanos frente a las casi todopoderosas entidades financieras, y cuando el Gobierno recurre, defiende la propiedad privada de una elite económica de forma clara", ha agregado la consejera, que insiste en que la Junta "no se va a rendir y seguirá defendiendo el derecho humano a la vivienda y defendiendo el Estatuto de Autonomía; seguiremos luchando para paralizar los desahucios en Andalucía".