El fiscal y la acusación popular en el denominado 'Caso Arroyo' han hecho hoy causa común al mantener su convicción de que a partir de 1999 la promotora gallega Mahía Grupo Inmobiliario vio allanado el desembarco urbanístico en el municipio vallisoletano de Arroyo de la Encomienda gracias a la inestimable colaboración prestada, entre otros, por quien fuera alcalde del PP a partir de 2003 y hoy independiente, José Manuel Méndez, y gracias al entramado dispuesto entre los seis encausados, a quienes solicitan un conjunto de penas que suman 36,5 años de cárcel y multas por valor global de 2,1 millones.

En el sexto día del juicio celebrado en la Audiencia de Valladolid, los representantes de las acusaciones pública y popular, esta última ejercida por la Asociación de Vecinos de Arroyo Siglo XXI, han expuesto sus informes finales en los que la primera ha visto cómo la segunda—inicialmente pedía 58,5 años—se adhería a su escrito, en el que se solicita al primer edil de Arroyo diez años y medio de prisión, inhabilitación por veintisiete años y multa de 535.000 euros por dos delitos de cohecho, otros tantos de prevaricación urbanística y uno de malversación.

En el caso del exdelegado territorial de la Junta y también exconcejal y exdiputado del PP de Valladolid, Jesús García Galván, los acusadores piden dos años de prisión y multa de 316.720 euros por un delito de cohecho y un año de cárcel por otro de prevaricación urbanística, además de nueve años de inhabilitación por cada uno de ellos.

Además, para Ramón López Casal y José Presas Zobra, representantes de Mahía, se interesan penas de 14 y dos años de cárcel, respectivamente, junto con el pago de multas, por el mismo orden, de 851.500 y 180.000 euros, mientras que para la apoderada de dicha mercantil en Arroyo, María Iluminada Miguel Fernández, tres años de prisión, multa de 174.800 euros e inhabilitación por nueve años.

Por su parte, el todavía hoy arquitecto municipal de la localidad, Buenaventura Conde Salazar, ha visto reducida la pena solicitada para él, inicialmente de cuatro años de prisión, multa de 125.000 euros y 27 años de inhabilitación, debido a que las acusaciones han decidido retirar los cargos por delito de cohecho, si bien mantienen su imputación por dos delitos de prevaricación urbanística.

En sus alegatos, las acusaciones consideran probado que José Manuel Méndez, en 1999 teniente de alcalde y concejal de Deportes y Medio Ambiente en Arroyo (Valladolid) y primer edil a partir de junio de 2003, inició una "estrecha" relación con el presidente de Mahía, Ramón López Casal, a partir del vínculo previo que mantenía con el también socio de la mercantil gallega, José Presas Zobra, debido a la participación de este último y el regidor en la empresa Recreativos Dema.

Es a partir de entonces, según entienden probado los acusadores, cuando los tres encausados, con la colaboración de María Iluminada Miguel Fernández, "mano derecha" de Méndez primero en Recreativos Dema y luego desde su puesto de apoderada de Mahía en la oficina de Arroyo, junto con el arquitecto municipal, Buenaventura Conde, y el entonces delegado de la Junta y presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo (CTU) de Valladolid, iniciaron una actividad delictiva que, presuntamente, benefició los intereses de la citada promotora, hasta el punto de que en el periodo investigado ésta llegó a ejecutar un millar de las 6.000 viviendas construidas en el municipio.

LOS 30 MILLONES,

El origen

Cómo punto de inflexión o inicio de esa supuesta colaboración delictiva, el fiscal ha situado en 2001 el préstamo de 30 millones de las antiguas pesetas que Méndez recibió del presidente de Mahía, Ramón López Casal, para pagar un crédito de Dema en Caja España y que, según coinciden los dos acusadores, fue en realidad un "regalo" o "dádiva" por cuanto nunca fue devuelto.

A ese primer "regalo" obedecen las facilidades que Mahía tuvo en distintas operaciones urbanísticas desarrolladas en los denominados SAU-13 y SAU-9, en el primero para lograr un aumento de edificabilidad y en el segundo para un cambio en la calificación del suelo, y todo ello con participación activa del arquitecto municipal y más tarde del propio García Galván a través de la C.T.U, "prescindiendo de las normas y a sabiendas de que iban en contra de la legalidad vigente", según advierte el fiscal.

A tales supuestos favores achacan las acusaciones la entrega en 2004 al propio Méndez y a García Galván, también en concepto de regalo, de un piso en Villagarcía de Arosa y de un chalé en Mugardos por importe de 87.400 y cerca de 150.000 euros, respectivamente.

Aunque ambos aseguran que abonaron el precio en efectivo, los acusadores sostienen que la modalidad de pago esgrimida es "para no dejar rastro" y que los entonces dirigentes del PP formalizaron la solicitud de un préstamo hipotecario pero utilizaron el dinero a un fin distinto, ya que los dos inmuebles eran un pago por sus servicios.

"no hay recibos"

Pese a los intentos de justificar el abono de las dos viviendas, el letrado de la acusación popular ha calificado de "burdas patrañas" y auténtico "esperpento" las explicaciones de Méndez y Galván "que ni siquiera Ramón María del Valle-Inclán se habría atrevido a plasmar en sus obras", al tiempo que, a modo de resumen y como principal argumento, ha reiterado en numerosas ocasiones que en el supuesto de que los dos imputados hubieran pagado habrían presentado ellos o Mahía el correspondiente recibo.

"Lo que probaría algo son los recibos y si no los hay, que es lo que ocurre en el caso de las dos viviendas y el supuesto préstamo, significa que no han pagado", ha incidido el acusador popular, quien ha subrayado que son las "tres cuestiones capitales, y luego todo lo demás viene por añadidura, como decía el párroco del pueblo".

Entre los delitos imputados a Méndez figura también el de malversación, fruto del regalo de un parque infantil al Ayuntamiento de As Nogais, localidad natal del regidor de Arroyo. Al respecto, las acusaciones le han reprochado que, "pese al deber de custodia y protección de un bien público", el alcalde entregó unos columpios valorados en 2.000 euros sin que mediara tramite de desafectación alguno y sin que el asunto pasara por el pleno.

"El alcalde dispuso de ese bien a su antojo. Si esos columpios no valían para Arroyo, tampoco tendrían que valer para una pedanía gallega", ha advertido el fiscal, en referencia a que iban a ser sustituidos por otros nuevos y supuestamente arrojados a un vertedero por la empresa adjudicataria de la reurbanización de la zona.

Presentados los alegatos de ambas acusaciones, el proceso entrará este miércoles en su séptimo día con los informes de parte de las defensas, algo que el letrado de Méndez y ahora de Luis Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, tiene previsto realizar este próximo jueves, día en el que el 'Caso Arroyo' quedará visto para sentencia tras seis años de instrucción.