El juez Pablo Ruz ha incorporado este martes a la causa en la que investiga la supuesta contabilidad B del PP las 9 carpetas con documentos y el pendrive que aportó este lunes el extesorero del PP Luis Bárcenas en su comparecencia para ilustrar la presunta irregularidad en las donaciones y sobresueldos en el partido.

Ruz adopta esta decisión en un auto en el que acuerda formar una pieza documental separada de la causa, denominada 'Documentación aportada por Luis Bárcenas Gutiérrez', para simplificar y agilizar la investigación, y ordena digitalizar los documentos contenidos en esas nueve carpetas de colores: cuatro azules, dos amarillas, una sepia, una lila y una verde.

En esa misma resolución, Ruz cita para este miércoles a las partes personadas en esta causa para la apertura y clonado del pendrive o lápiz de memoria, del que se eliminarán los archivos personales, que Bárcenas advirtió que también tenía almacenados en ese soporte, para evitar la vulneración de derechos fundamentales.

Además, en una providencia que también ha sido notificada este martes, el juez ha ordenado la transcripción de la declaración de casi cinco horas que prestó  Bárcenas para evitar "la difusión pública" de los vídeos del interrogatorio, y pide un informe a la Unidad de Policía Judicial de la Audiencia Nacional por la filtración este lunes en Twitter del contenido del interrogatorio mientras éste se producía.

En el auto, Ruz detalla el contenido de todas las carpetas y explica que en una azul plastificada hay "diversa documentación con folios manuscritos en hojas prediseñadas de tipo contable", y en otra del mismo color, pero de cartón, figuran "listados de ordenador de movimientos de tipo contable".

Otra de las carpetas azules contiene un recibí de José Angel Cañas, el que fuera gerente del PP en Toledo al que Bárcenas dijo que entregó 200.000 euros a cambio supuestamente de una contrata de limpieza en el Ayuntamiento de esa ciudad, cuando la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal era ya presidenta del PP de Castilla La Mancha.

Esa contrata le fue otorgada a la empresa Safi, filial de Sacyr Vallehermoso, cuyo presidente era entonces el también imputado en esta causa Luis del Rivero.

En el cuarto portafolio de color azul, según indica el juez, "se lee de forma manuscrita 'L del R', conteniendo en su interior dos recibos de notaría, recibís y algunas fotocopias de cheques y documentación de tipo bancario".

En las dos carpetas amarillas, aparecen, en una de ellas, "anotaciones manuscritas en el reverso de la portada, conteniendo en su interior un papel adhesivo con anotaciones manuscritas y relaciones de ingresos confeccionadas por ordenador", y, en la otra, "fotocopias de resguardos de recibís (membrete Caja Cantabria, Volkswagen Finance y Unicaja)", así como "diversas tarjetas con anotaciones manuscritas".

La de color lila contiene "resguardos e ingresos en efectivo" en Banesto, además de "hoja de entradas y salidas con anotaciones manuscritas", y en la sepia aparecen "dos tarjetas de visita con anotaciones manuscritas en su reverso, diversas facturas y relación de movimientos a ordenador y manuscrito".

Finalmente, en la verde, "en la que se puede leer la anotación manuscrita 'Bilbao'", el juez dice que figura "hoja de cuaderno de contabilidad con anotaciones manuscritas, listado de movimientos a ordenador, copia de contrato, hoja de transmisión de fax, fotocopias de impresos bancarios el Banco Popular, impresos bancarios manuscritos del Banco de Vitoria, Argentaria, BBVA, Banesto y liquidación de presupuesto en sede Gran Vía, 89".

Junto a esta documentación, el extesorero aportó "una memoria USB que, según sus propias manifestaciones, también contiene una serie de archivos de interés para la investigación de la presente causa, junto con otros que serían de carácter privado o íntimo del declarante", observa Ruz.

Una vez se proceda a la apertura y clonado del lápiz de memoria, que tras esta diligencia quedará custodiado por el secretario judicial, el juez determinará "la documentación que haga referencia a los hechos objeto de la causa y que deba ser unida y puesta a disposición de las unidades de investigación y partes personadas", eliminando los archivos personales, para lo que Ruz anuncia que recabará informe del fiscal del caso.

También este martes, Ruz ha solicitado a las autoridades suizas que mantengan los bloqueos de las cuentas de Bárcenas y los considerados cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo. El magistrado informa de que la instrucción del caso "se encuentra previsiblemente próxima a su finalización".

El juez de la Audiencia Nacional acuerda asimismo ampliar la comisión rogatoria a Suiza pidiendo el bloqueo de una nueva cuenta en el Banco Mirabaud de ese país vinculada a Crespo a nombre de la sociedad panameña Clearville Group SA, en la que podría haber valores por 18.000 euros.

A juicio del magistrado, se deben mantener los bloqueos porque "resultan pertinentes a los fines de la investigación judicial en curso, aseguran el ulterior comiso de los fondos procedentes de los delitos investigados" y podrían servir para cubrir las responsabilidades civiles de los imputados de ser condenados.

Por otro lado, el juez no ha admitido el recurso del extesorero para que no se investigue si en 2001 cometió un delito fiscal, ya que considera que este delito podría no estar prescrito por ser un antecedente de otro de blanqueo.

Ruz recoge los argumentos expuestos por la Fiscalía Anticorrupción contra la petición de la defensa de Bárcenas de que no se investigue ese año, y también rechaza que no se incluyan en lo defraudado por el exsenador los pagos que supuestamente le hizo la trama Gürtel por la adjudicación de la variante de Olleros (León) en 2002.

Sobre lo que supuestamente recibió de Correa por interceder en la adjudicación de la citada variante, el juez considera que se debe computar en lo que Bárcenas pudo defraudar en 2003 a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León archivara el caso por la prescripción del delito de cohecho.

Una vez rechazado por Ruz, el recurso lo tendrá que resolver ahora la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en apelación.