El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha sugerido al Departamento de Hacienda y Administración Pública de la Comunidad autónoma que valore la oportunidad de mantener la permanencia en el servicio activo de un funcionario que ha alcanzado la edad de jubilación forzosa y que trabaja en el desarrollo cultural de los centros penitenciarios aragoneses.

Así lo ha señalado tras recibir una queja el 30 de abril de este año en la que se explicaba que un funcionario del Cuerpo Superior, del área de Patrimonio Cultural, con destino en la Biblioteca de Aragón, se le había reconocido en junio de 2010 la prolongación del servicio activo tras haber alcanzado la edad legal de jubilación.

Sin embargo, el pasado 2 de mayo se notificó que Función Pública iniciaba el procedimiento de revisión de esta prolongación del servicio, en aplicación de la ley de Medidas Extraordinarias en el sector público de la Comunidad autónoma de Aragón, aprobada en octubre de 2012.

El ciudadano explicaba en la queja que había pedido que se tuviera en cuenta la "excepcionalidad" de su situación, dada la especificidad de su trabajo, plasmada en un convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio del Interior en junio de 2010 para contribuir al desarrollo cultural de los centros penitenciarios de Aragón.

"Los resultados de este programa se han visto avalados por el reconocimiento de determinadas distinciones, como la concesión de la medalla al Mérito Social Penitenciario en septiembre de 2012 por el Ministerio del Interior, lo que justificaría la necesidad de garantizar la continuidad del mismo", se lee en expediente del Justicia. Según la queja presentada, estas circunstancias aconsejaban "que se mantuviese la prórroga en el servicio activo".

Mejor organización del servicio

La Institución del Justicia de Aragón, en las consideraciones jurídicas de este expediente, expone que la Administración autonómica señala, en respuesta a su requerimiento de información, que la prolongación "se configura como una medida administrativa excepcional que la ley habilita con el fin de favorecer una mejor organización de los servicios públicos".

Agrega la Comunidad que esta posibilidad "debe justificarse no en razón del interés de la persona solicitante, sino de la concurrencia de intereses generales de carácter organizativo que aconsejen prolongar de manera excepcional la situación de servicio activo en relación a un caso concreto".

El Justicia precisa que en el supuesto planteado "entendemos que el mantenimiento de la prolongación en el servicio activo puede verse justificada por la concurrencia de esos intereses generales de carácter organizativo".

Al respecto, sostiene que el interesado "está implicado de manera personal y directa en el desarrollo de un programa de colaboración cultural con instituciones penitenciarias que, a la vista de los reconocimientos otorgados, está dando resultados satisfactorios".

Agrega que "con esto parece acreditarse que la solicitud de prórroga no se ampara únicamente en un interés de la persona solicitante, —que, al margen de lo expuesto, entendemos que debería constituir causa suficiente—, sino en el beneficio que para el interés general se deriva de su permanencia en el servicio activo".

Por eso, concluye, "concurren causas organizativas y funcionales que, de manera objetiva, permiten concluir que se dan las circunstancias exigidas por la disposición adicional decimonovena de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad autónoma de Aragón para autorizar la prórroga de la permanencia en el servicio activo" de esta persona.