La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Montalbán, resalta la labor de los ayuntamientos a la hora de ayudar a las maltratadas y asegura que con la reforma local planteada por el Gobierno esta asistencia que prestan las corporaciones "correría peligro".

En una entrevista, Montalbán insiste en que en una época de crisis económica muchas mujeres víctimas, que dependen económicamente de su agresor, tienden a aguantar en silencio el maltrato ante la incertidumbre sobre su futuro y el de sus hijos, por lo que las denuncias disminuyen.

En concreto, en los tres primeros meses del año, las denuncias por violencia de género han descendido en un 5,1% respecto al ultimo trimestre de 2012, además, de las 28 mujeres asesinadas e en lo que va de 2013, el 80% no había denunciado a su maltratador.

"Es muy importante hacer saber a las mujeres que las instituciones cuentan todavía con recursos asistenciales y pueden acudir a ellas para lograr salir del círculo de la violencia", afirma la presidenta del Observatorio, quien considera "fundamental" incidir en la prevención del maltrato.

Montalbán cifra en "aproximadamente" 450.000 las mujeres que son maltratadas y que no denuncian: "la bolsa oculta del maltrato".

Explica que detrás de los crímenes machistas hay un largo proceso de sufrimiento y malos tratos de las mujeres, por lo que hay que actuar de forma preventiva y detectar los casos "intensificando, sobre todo las redes asistenciales". Así, incide en la "importante labor" de los ayuntamientos en este campo al ser las instituciones más cercanas a los ciudadanos.

En este sentido, muestra su preocupación por el anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, porque, según señala, suprime el artículo que en la actualidad posibilita "que los ayuntamientos tengan contacto con el vecindario y puedan detectar situaciones de violencia".

"En mi opinión, este anteproyecto pone en riesgo las actuaciones que hasta ahora vienen desarrollando los ayuntamientos de apoyo, acompañamiento y asistencia de una manera integral a las mujeres", resalta Montalbán, quien espera que el Gobierno reflexione sobre ello.

En cuanto a la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres que ha presentado el Ejecutivo, la presidenta del Observatorio destaca que avanza en cuanto a la identificación de los matrimonios forzados y la ablación como otras formas de violencia e identifica a colectivos de especial vulnerabilidad.

Sin embargo, cree que es contradictoria con las reformas legales del Gobierno, en el sentido que contempla cerca de quince medidas en el ámbito de la educación pero "ninguna de ellas asegura que en el contenido curricular por ejemplo de educación secundaria se garantice el aprendizaje de nuestros adolescentes en materia de igualdad y violencia de género". A su juicio, la Estrategia tampoco garantiza la formación del profesorado en este ámbito.

Considera que los menores también son víctimas directas de la violencia machista puesto que hay casos en los que algunos hombres les utilizan como instrumento para causar daños a las mujeres "sabiendo que el mayor daño para la esposa puede ser el que se causa al hijo".

Asimismo, valora la decisión del gobierno canario de alertar, a través de sms, a las víctimas de violencia machista de cualquier cambio sobre la situación procesal de su agresor que pueda afectar a su seguridad y a la de sus hijos.

"Es una medida muy positiva porque trata de garantizar la información de la víctimas", apunta Montalbán, quien añade que desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también se está promoviendo el uso de la telefonía móvil para avisar a mujeres en aquellas autonomías donde se llevan a cabo proyectos experimentales como en Cataluña y Galicia.

En cuanto a la reforma del Código Penal que ultima el Ministerio de Justicia, Montalbán opina que "ignoraba" las características específicas de la violencia de género por lo que desde el CGPJ se hicieron "varias sugerencias y, afortunadamente, parece que varias de las recomendaciones han sido aceptadas".

Así, apunta que, por ejemplo, la vejación injusta seguirá siendo punible y se ha incorporado la agravación de la pena en el caso de que el maltrato sea en presencia de los menores o en el domicilio conyugal.

No obstante, afirma que quedan aspectos pendientes como que se mantenga la multa como posibilidad de pena en los casos de violencia machista.

A su juicio, basándose en la experiencia, la multa cuando se impone como pena al final es utilizada por el agresor para intimidar a la mujer por lo que no es "idónea" para los casos de violencia de género.