Los ministros de Pesca de la Unión Europea intentarán cerrar el lunes un acuerdo político sobre los criterios para repartir el nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) con las ayudas al sector entre el periodo 2014 y 2020 y discutirán "en los márgenes" el reparto de las ayudas, aunque las cifras definitivas todavía tienen que negociarse con el Parlamento Europeo de aquí a finales de año, según han avanzado fuentes europeas y diplomáticas.

El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, la última pieza de la reforma de la Política Pesquera Común que falta por cerrar todavía, podría estar dotado con aproximadamente un total de 7.400 millones de euros, según las últimas cifras que discuten los Estados miembros, más de los 6.500 millones inicialmente propuestos por la Comisión Europea, según han explicado fuentes diplomáticas.

Del fondo total, aproximadamente unos 5.500 millones de euros se destinarían a la gestión compartida y cubrirían ayudas al desguace, las ayudas a las paradas temporales o biológicas de la flota, la modernización de buques, la acuicultura o las ayudas a las regiones ultraperiféricas, mientras que aproximadamente otros 900 millones del fondo se destinarían a la Política Marítima Integrada y cubriría ayudas por ejemplo para la habilitación de puertos, la mejora de áreas marítimas, políticas medioambientales o la lucha contra la contaminación.

Los otros aproximadamente 1.000 millones de euros del fondo se destinarían para financiar acuerdos de pesca con terceros y aportaciones en el marco de las organizaciones regionales de pesca.

España, que ha recibido 1.131 millones de euros de ayudas comunitarias a la pesca entre el periodo 2007 y 2013, da por hecho que como el resto recibirá "menos" por la entrada a la UE de Croacia, según han explicado fuentes diplomáticas. "Croacia tiene que sumarse al reparto, con lo cual todos vamos a recibir menos", han aclarado las fuentes.

Los ministros se centrarán sobre todo el lunes, en una jornada que fuentes comunitarias anticipan que se puede prolongar hasta la madrugada, los criterios para el reparto de los fondos entre Estados miembros, según han explicado fuentes diplomáticas.

España ha reclamado que se modifique la definición de flota costera y artesanal planteada en la propuesta de la Comisión porque la limita a los buques con menos de 12 metros de eslora y se amplíe a "todo buque que tenga menos de 15 metros de eslora o que esté menos de 24 horas en la mar" con el objetivo de ampliar el número de beneficiarios, aunque no cuenta con "muchos apoyos" para forzar este cambio.

En el caso de los criterios para decidir el reparto de las ayudas al sector, España defiende mantener los criterios planteados por la Comisión originalmente como la magnitud de la flota pesquera, el número de pescadores o de barcos porque se trata de objetivos "sencillos, prácticos y homogéneos" y cuenta con el apoyo de "muchos" países, según fuentes diplomáticas que admiten con todo "una gran divergencia" sobre este punto entre países.

Así, "hay algunos Estados miembros que dicen que la flota costera y artesanal debe ser prioritaria" pero otros rechazan este planteamiento porque limitaría el apoyo a los buques pequeños y "muchos" países con un sector más pequeño plantean "introducir nuevos criterios" porque "tienen miedo" a recibir "menos fondos".

Otros países plantean "fijar la importancia del área marítima que cubre los intereses pesqueros de ese Estado miembro" y "otros que quieren introducir el criterio de la utilización de los fondos", un criterio que rechaza España porque "la crisis económica ha provocado en los tres últimos años que Estados miembros no hayan tenido la capacidad para gastar los fondos en gestión compartida".

España también defenderá el lunes que el fondo europeo se centre sobre todo en ayudar a lograr los "objetivos muy ambiciosos" de la reforma de la Política Pesquera Común como el fin de los descartes, el rendimiento máximo sostenible y promover acuerdos de pesca sostenibles, se apoye más a los países que como España tendrá que hacer esfuerzos "muchísimo mayores", un planteamiento que cuenta con el apoyo de Francia, Reino Unido y Alemania, según fuentes diplomáticas.

"Hay que comprender que algunos Estados miembros tiene que hacer más esfuerzos que otros para lograr esos objetivos. Por lo tanto hay que dotarles de la capacidad financiera suficiente para alcanzar esos objetivos", han explicado las fuentes.

España también ha reclamado con el apoyo de "otros" países como Francia, Polonia y Portugal "la máxima garantía jurídica" para impedir que las ayudas al sector se interrumpan o se suspendan se en base a "sospechas" de mal uso como ha planteado la Comisión en su propuesta original, aunque a priori la Presidencia lituana a aceptado introducir esta modificación, según fuentes diplomáticas. "Las sospechas en España en el ordenamiento jurídico no permiten que puedan dar lugar a sanciones. Tiene que haber pruebas fidedignas", han explicado.

Litigio sobre la caballa

Los ministros de Pesca europeos también debatirán a petición de España, Francia, Reino Unido e Irlanda el problema de sobrepesca de la caballa en el noreste del Atlántico por las cuotas unilaterales que se han asignado Islandia y las Islas Feroe muy superiores a lo que fijan sus derechos históricos desde el año 2010, que está poniendo "en riesgo de colapso" la pesquería con el consiguiente riesgo de la flota europea vea paralizada su actividad, según han explicado fuentes diplomáticas.

Los cuatro países reclamarán el lunes a la comisaria de Pesca, Maria Damanaki, que eche mano del reglamento que abre la puerta a la adopción de sanciones contra los terceros países por una pesca "irresponsable" y que entre otras medidas prevé la prohibición de comercializar la caballa pescada por ambos en la UE, según han explicado fuentes diplomáticas.

Al inicio de la reunión del lunes, la Presidencia lituana de la UE informará sobre sus prioridades en materia de pesca y agricultura para los próximos seis meses, entre ellos concluir los trabajos para aprobar definitivamente la reforma de la PAC y del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

El ministro de Agricultura lituano, Vigilijus Junka, y el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, informarán por su parte a los ministros del ramo de los Veintiocho sobre los resultados del acuerdo político alcanzado a finales de junio sobre la reforma de la Política Agrícola Común.

El comisario de Salud, Tonio Borg, informará asimismo a los ministros el lunes sobre el seguimiento del caso del escándalo de caballo a petición de la Presidencia lituana y sobre las conclusiones del informe de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria sobre el riesgo del pesticida fipronil para las abejas en respuesta a la preocupación de la delegación holandesa.