El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Acuerdo por el que se solicita del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la impugnación ante el Tribunal Constitucional de la Ley de Uniones de Hecho Formalizadas de la Comunitat Valenciana, del 15 de octubre de 2012.

El Gobierno considera que la norma recurrida regula instituciones civiles en materia de Uniones de Hecho Formalizadas que carecen, en absoluto, de antecedentes en el ámbito de la legislación autonómica civil de Valencia y, por tanto, exceden las competencias atribuidas a la Comunitat para la "conservación, desarrollo y modificación del Derecho civil foral valenciano" preexistente (artículo 49.1.2 de su Estatuto de Autonomía), y vulneran las competencias exclusivas del Estado sobre legislación civil, de acuerdo con la Constitución Española.

Por otra parte, en la ley se atribuyen determinadas funciones a la autoridad judicial, en concreto, la competencia para resolver medidas cautelares en materia de gastos comunes o para suplir la falta de consentimiento de uno de los convivientes para poder disponer de la vivienda habitual, que vulneran, asimismo, la competencia estatal sobre legislación procesal.