Desde junio la etiqueta de certificación energética es exigible a los edificios de nueva construcción. La etiqueta de eficiencia energética debe figurar en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o alquiler de la vivienda o local. Las inmobiliarias deberán exhibir la etiqueta energética en sus anuncios.

El problema está siendo la aplicación de la ley en las comunidades y también la picaresca o falta de exigencia y profesionalidad entre algunas de las empresas que están expidiendo los certificados. Tanto que el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales ha advertido de incumplimientos en Andalucía, Castilla y León, Madrid y Castilla-La Mancha.

Los ingenieros denuncian esta circunstancia y reclaman a las CC AA y a sus autoridades la puesta en práctica de mecanismos de control e inspección para prevenir sanciones que pueden alcanzar hasta los 6.000 euros.

El colegio ha detectado la falta de mediciones presenciales de los técnicos, así como otras irregularidades como la venta o alquiler de inmuebles sin la etiqueta energética, además de precios del servicio de la certificación que no garantizan su calidad y utilidad. Junto a esto, recomienda realizar una correcta expedición del certificado a través de los profesionales legalmente competentes, como los propios ingenieros adscritos al colegio.

Algunos de los certificados, indica, se están expidiendo sin que el técnico visite presencialmente el inmueble y realice mediciones de eficiencia energética que exige la norma.

En las mediciones, en necesario conocer aspectos como el consumo de energía, las emisiones de CO2, la calidad del aire interior, las condiciones de control térmico y lumínico, el gasto de calefacción, estudio de sombras y la envolvente térmica.

Los ingenieros estiman que para realizar estas mediciones de manera eficaz son necesarias, de manera orientativa, una media de entre seis y ocho horas para una vivienda de 120 metros cuadrados.

El incumplimiento de la norma establece sanciones leves y graves para los técnicos que expidan la certificación y los propietarios y arrendadores de inmuebles, que oscilan entre los 300 y 6.000 euros.