La Oficina del Portavoz del Gobierno andaluz ha explicado este jueves que el Gabinete Jurídico de la Junta ha interpuesto un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla contra el auto del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, de 28 de junio de 2013, en el ejercicio de sus competencias legales y de su autonomía funcional recogidas en la Ley 9/2007 de la Administración de la Junta de Andalucía y de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En un comunicado, señala que el recurso del Gabinete Jurídico sostiene en su fundamentación, en la misma línea que el Ministerio Fiscal, la subsanación de la defectuosa construcción del auto de 28 de junio de 2013 por su evidente falta de motivación.

Así, advierte en su argumentación de "una posible y futura petición de nulidad de la instrucción practicada", una estrategia que tienen en sus manos las defensas personadas, a las que en este momento procesal "puede interesar no recurrir el presente auto para reservarse las alegaciones de nulidad para la fase de juicio oral."

Ese momento ya será tardío, en consideración del Gabinete Jurídico, porque la anulación de la instrucción como consecuencia de una "anómala actuación del juez instructor respecto a los derechos fundamentales de los imputados evitaría la reparación completa del daño producido a los intereses públicos, objetivo esencial de la personación de la Junta de Andalucía en esta causa".

En este sentido, se explica que el Gabinete Jurídico reivindica su doble rol ante la instrucción de la causa: a su condición de acusación se suma la de víctima de los presuntos delitos cometidos que están siendo investigados en las Diligencias Previas 174/2011, entre los que sobresale la afectación de la hacienda pública autonómica así como el buen nombre de la Administración andaluza.

El Gabinete Jurídico, en la misma línea que el Ministerio Fiscal, también reclama "una mayor motivación del auto de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional". Sobre todo, argumenta, porque "la escasa fundamentación de las imputaciones pueden comprometer la validez de la instrucción y poner en peligro la recuperación del dinero presuntamente defraudado".

En este sentido, se precisa en el documento que los escasos e inconcretos hechos que se relatan en el auto y dan lugar a la imputación de una veintena de altos cargos y ex altos cargos "no suponen ninguna infracción legal". No cabe, a juicio del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, "una imputación penal de los cargos públicos por la elaboración de la Ley del Presupuesto o por su recta ejecución fundamentada en el desacuerdo personal con el contenido de la citada norma".

Se plantea el recurso, por tanto, "para garantizar una instrucción impoluta y que no deje flancos débiles que permita a las defensas de los responsables del presunto fraude guardar elementos de nulidad de la causa". Además, la Junta aduce que sólo cuenta con este momento procesal para presentar un recurso porque, de prosperar una ulterior demanda de nulidad, la perjudicada sería la Administración autonómica.

Otro de los argumentos del recurso es el de la competencia y dignidad del Consejo de Gobierno y el Parlamento de Andalucía en materia legislativa. El auto pone en entredicho la Ley de Presupuestos y un Juzgado de Instrucción carece de facultad sobre este asunto.

De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, correspondería al Tribunal Constitucional dirimir este conflicto competencial y el Juzgado de Instrucción nº 6 "debería haber planteado en ese supuesto una cuestión de inconstitucionalidad", tal y como recoge la Ley Orgánica reguladora del Tribunal Constitucional.

La Junta ha insistido en el comunicado en que "los cauces procesales están perfectamente delimitados para los jueces y tribunales ordinarios y que deben ser los utilizados para cuestionarse normas con rango de ley, a riesgo de cuestionar el Estado de Derecho en su conjunto y el principio de separación de poderes".