El coordinador regional de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha destacado este jueves que "no tendría coherencia" que la Junta de Andalucía, que se encuentra como acusación particular en el conocido caso de los ERE, asista jurídicamente a los imputados en este mismo caso.

En rueda de prensa tras reunirse con los secretarios generales de UGT y CCOO en Andalucía, Francisco Fernández y Francisco Carbonero, el coordinador de IULV-CA ha instado a la "coherencia política y procedimental" para destacar este extremo y ha mostrado confianza en que "nadie vaya a pedir esta asistencia".

Maíllo ha detallado que el procedimiento se basa en que, primero, llegue el auto a los interesados; segundo, soliciten ser asistidos; tercero, que el gabinete jurídico de la Consejería que pertenezca haga el informe pertinente, y cuarto, que el consejero dé la autorización.

Si bien, ha apuntado que cuando se produzcan incompatibilidades por la situación en el procedimiento, como "aquí que la Junta es acusación particular", se contemplaría también "con el filtro del informe del gabinete jurídico previo y la concesión de la autorización", pero "no se contempla ningún hecho en el que se pague 'a posteriori'".

De esta manera, ha respaldado la posición del vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, quien dejó claro que la Junta "no se va a hacer cargo de ninguna defensa" de altos cargos imputados en el caso de las irregularidades de expedientes de regulación de empleo (ERE), ni de manera directa ni indirecta, y ha recordado además que la administración autonómica es acusación, lo que supone una "cierta incompatibilidad desde el punto de vista de político" que no permite que se haga cargo de esa defensa.

Por último, preguntado sobre la recurso de la Junta al auto en el que la juez Mercedes Alaya imputa a 20 cargos y excargos de la Administración autonómica, entre los que destaca la exconsejera de Economía y Gacienda entre los años 1994 y 2004, exministra de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez, el coordinador de IULA-CA ha señalado que el gabinete jurídico lo hará "en coherencia" con estar presente la Junta como acusación particular.