El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha asegurado que su departamento presentará "de inmediato" alegaciones ante la suspensión provisional del proceso de privatización de la gestión de seis hospitales madrileños acordada este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El consejero se ha mostrado convencido de que el tribunal atenderá "las razones jurídicas" que presentará la Comunidad de Madrid sobre la legalidad y validez de su actuación.

"Estoy seguro de que el tribunal será favorable a los argumentos que defiende la Comunidad de Madrid", ha manifestado Lasquetty, para criticar después que esta situación es "consecuencia" de una "jugada" del secretario general del PSM, Tomás Gómez, en su intento de "prolongar el conflicto sanitario".

El TSJM habilita en su auto un plazo de tres días a fin de que la Consejería de Sanidad formule alegaciones con relación a la medida cautelar acordada. Contra el auto no cabe recurso. El fallo fundamenta su decisión en la introducción de un cambio en el pliego de cláusulas del término anual respecto al importe de la adjudicación del contrato que ha de servir de referencia para fijar la garantía.

Lasquetty ha indicado que la Comunidad alegará que la actuación de la Comunidad, incluida la corrección de un "error" para aclarar el término anual en la cuantía de la garantía, se ha efectuado "con respeto" a la Ley de Contratos Públicos y con "máxima transparencia". "Lo hemos hecho todo a plena luz del día y con máximo respeto a la legalidad", ha enfatizado.

Sanitas por su parte ha señalado que está "a la espera y a la expectativa" de lo que ocurrirá con el proceso. Esta empresa se hizo con la licitación de uno de los centros, en concreto del Hospital del Henares.

Desde la sociedad subrayan que son "ajenos" al proceso judicial iniciado con la impugnación promovida por el PSM contra el procedimiento impulsado por la Consejería de Sanidad.

El 12 de junio, los socialistas madrileños presentaron una demanda en la que se solicitaba como medida cautelar la suspensión del procedimiento de licitación en aplicación al artículo 129.1 de la Ley de la Jurisdicción-Administrativa.