El viceconsejero de Educación de la Junta de Andalucía, Sebastián Cano, ha avisado de que la comunidad autónoma andaluza tiene un 'Plan A' para no aplicar la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (Lomce) en los términos en los que está, pero como no sólo depende de la comunidad esta decisión, dice que se ha puesto en marcha un 'plan B' para minimizar sus efectos.

En su comparecencia en el Congreso, con motivo de la ronda de intervenciones de expertos para hablar sobre la reforma educativa, Cano ha detallado que este segundo plan consiste en reunir a expertos en 20 grupos de trabajo, donde se encuentran todas las organizaciones sindicales, patronales, sindicatos enseñanza concertada, asociaciones de profesores o padres que emitirán varios dictámenes, que irán al Consejo Escolar de Andalucía.

Será él, según puntualiza, el que dictaminará el margen que tiene Andalucía para aplicar la ley. "Aquellos temas que en la LOMCE no estén cerrados minimizaremos la ley, todo desde el mayor respeto a la ley que es orgánica porque es de obligado cumplimiento. En lugar de hacer el desarrollo de la Lomce solo lo haremos con la comunidad educativa", ha defendido.

Además, ha manifestado su preocupación por el calendario establecido en la aprobación de la normativa. Según sus cálculos, el plazo previsto para la aprobación de la normativa es en noviembre, lo que concede a las comunidades autónomas un calendario "absolutamente inviable" para el desarrollo normativo consecuente.

"La comunidad autónoma tendrá que hacer sus propios decretos y en Andalucía deben pasar unos cinco ó seis meses —desde la aprobación de la ley—", ha indicado.

Una reforma que no es necesaria

Durante su exposición, el viceconsejero de Educación duda también de que esta ley vaya a mejorar la educación en España porque, según recalca, el sistema educativo español junto con el finlandés "es de los que más equidad demuestra".

"La calidad educativa debe permitir la mejora de los resultados de todos los estudiantes y no hay mejora real si ésta no se produce en detrimento de la equidad", ha agregado.

En cuanto al abandono escolar prematuro dice que desde la aprobación de la LOE en 2006 éste ha ido descendiendo por lo que insiste en que no se puede considerar que la LOE ha fracasado.

Eso sí, reconoce que es necesario mejorar el sistema, aunque sostiene que "no hay razones" para "cambiar radicalmente el modelo", sobre todo si aleja de los objetivos que marca.

A su juicio, no hay mejora en la calidad del sistema educativo si se va en detrimento de la equidad y la igualdad de oportunidades y así defiende que se debe prestar especial atención al alumnado con mayores dificultades y al que ofrece una mayor capacidad, un aspecto que no realiza la Lomce.