La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no prevé realizar más detenciones en el marco de la operación 'Madeja', vinculada a la investigación de las supuestas irregularidades detectadas en el concurso promovido para enajenar los suelos de Mercasevilla y en la que han sido detenidos el exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del Grupo socialista Domingo Enrique Castaño, su esposa, Ana María Vaquero, y dos empresarios vinculados a Fitonovo y Fiverde.

Fuentes de la investigación han informado a Europa Press de que, junto a las detenciones practicadas y la imputación de otras dos personas, la Guardia Civil ha practicado varios registros, el primero de ellos en la casa de verano que Castaño y su esposa tienen en la urbanización Hato Verde de Las Pajanosas, en Guillena, al que ha seguido otro en la casa que la pareja posee en la calle González Cuadrado, cerca de la calle Feria.

Los agentes del Instituto Armado, igualmente, han practicado registros en la sede central de la empresa de infraestructuras y medio ambiente Fitonovo, ubicada en el polígono industrial Los Llanos, en Salteras, y en la sede de Fiverde en la calle José Laguillo, tras lo que prevén dirigirse a un local propiedad de Domingo Enrique Castaño ubicado en el centro de Sevilla y al despacho de abogados donde trabaja su esposa, que estaría localizado en el centro de la capital hispalense.

Dentro de la investigación por la venta "fraudulenta" de los suelos de Mercasevilla, la Guardia Civil ha investigado el enriquecimiento patrimonial de Castaño, que cifra en 300.000 euros, y ha detectado que el exasesor socialista, en su puesto de director del área de Vía Pública, podría haber recibido dádivas a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a las empresas referidas.

Además de Domingo Enrique Castaño y de su esposa, los detenidos son el actual administrador de Fitonovo, Rafael González Paloma, y el exadministrador de la empresa de servicios fitosanitarios Fiverde, Ángel Manuel Macedo.

Esta investigación, que continúa abierta al estar pendiente de varios registros y que se ha iniciado como se ha dicho a raíz de las irregularidades de la venta de los suelos de Mercasevilla, ha dado lugar a la apertura de una pieza separada declarada secreta por parte de la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.

Estas detenciones se producen después de que, el pasado mes de junio, la juez imputara en la causa a dos hermanos de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, por su vinculación a la empresa Construcciones Juan de Robles, que presentó una oferta para hacerse con el derecho de opción de compra de los suelos.

Los imputados

La magistrada Mercedes Alaya también imputó a otros cinco empresarios, entre los que se encuentran Ignacio Bayón Marine, presidente del consejo de Administración de Realia Bussiness; José Romero González, presidente del consejo de Administración de Prasa; Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff, presidenta y consejera delegada del consejo de Administración de Sociedad Azucarera Larios; Martín Eugenio Sánchez-Ramade Moreno, presidente de Edamar —empresa que quedó disuelta y extinguida por haber sido absorbida por Noriega el 26 de junio de 2007—, y Antonio Vicente Sánchez-Ramade Carrascosa, hijo del anterior y que firmó la oferta presentada por Edamar como apoderado solidario.

Como es sabido, el procedimiento impulsado para enajenar los suelos del mercado central de abastos de Mercasevilla fue fallado en favor de la propuesta elevada por el grupo promotor 'Sanma Desarrollos Urbanísticos', filial de la constructora Sando, pese a que concurría una oferta económicamente superior por parte del grupo Noga —de 158 millones, frente a los 106 de Sanma—.

Y es que la magistrada considera que, "de los indicios" expuestos a lo largo del procedimiento, "puede deducirse el posible concierto entre Mercasevilla y Sando para la adjudicación a ésta última del concurso relativo a la opción de compra de los terrenos de la unidad alimentaria, y asimismo idéntico concierto entre dicha empresa constructora y al menos la mayor parte de las sociedades que participaron en dicho concurso mediante la creación artificial de un precio que favoreciera el ofrecido por Sanma".