El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de la ley por la que se modifica la Ley de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental, vigente desde 2011. El cambio, solicitado por la Administración central y acordado con la Junta en la Comisión Bilateral de Cooperación, consiste básicamente en la incorporación del reconocimiento expreso de las competencias del Estado sobre los documentos de su titularidad, sin perjuicio de la aplicación de la norma en su consideración de patrimonio de la Comunidad Autónoma.

Estos documentos son los producidos y recibidos por la Administración del Estado y sus organismos públicos, sociedades mercantiles y fundaciones; los de los órganos de la Administración de Justicia en Andalucía y los de las notarías y registros públicos igualmente ubicados en la comunidad autónoma.

También se incluyen los expedientes de las instituciones de la Unión Europea y del resto de los organismos públicos internacionales presentes en Andalucía.

Para cumplir con el acuerdo entre ambas administraciones, el proyecto normativo aprobado añade a la ley una disposición adicional y un inciso al artículo 15.1.a, además de introducir modificaciones en el apartado 3 del artículo 48.

La Ley de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía se aplica a todos los documentos de titularidad pública, al Patrimonio Documental de Andalucía (fondos de interés para la comunidad autónoma) y a los archivos que constituyen el Sistema Archivístico de Andalucía.

Respecto a la anterior legislación de 1984, esta norma consolida el derecho de acceso de la ciudadanía a la información y a los documentos públicos, con los límites y excepciones que recoge la Constitución.

Finalmente, se incorpora la previsión de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013 que fija en cuatro el número de días de ausencia al trabajo por enfermedades o accidentes que no dan lugar a situación de incapacidad temporal, frente a los tres anteriores. Estos días se establecen a lo largo del año natural.