El PPdeG ha registrado una propuesta de cuestionario para enviar al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en el marco de la Comisión de investigación de las cajas, en el que figuran cuestiones relativas a los decretos normativos aprobados en la época de José Luis Rodríguez Zapatero con el fin de conocer cómo afectaron al sistema financiero gallego y la fusión de las cajas —Caixanova y Caixa Galicia—, así como la labor de supervisión en la comercialización de las participaciones preferentes.

Ordóñez, al igual que la exconselleira Marta Fernández Currás y el comisario Joaquín Almunia, se ofreció a responder por escrito a las cuestiones que quisiese plantear la comisión si así lo requerían los plazos, aunque también dijo que podría comparecer en persona en el mes de septiembre, para cuando ya habrá finalizado el plazo que se dieron los miembros de esta comisión para rematar los trabajos.

Así, la semana pasada, la comisión aprobó —únicamente con los votos del PPdeG— remitir también a Ordóñez un cuestionario, que ahora tendrá cinco días de plazo para ser respondido por parte de Ordóñez.

En el listado de diez preguntas que firma el portavoz parlamentario, Pedro Puy, y al que ha tenido acceso Europa Press, los populares preguntan por el real decreto 9/2009, que implicó un reconocimiento de la necesidad de recapitalizar una parte del sistema español, para conocer si las cajas gallegas se encontraban en los supuestos previstos en esa normativa.

Asimismo, el PPdeG pregunta por cuándo comenzaron a detectar problemas en las cajas de ahorros gallegas y si cree que se debió parar antes la expansión crediticia a la vista del "importante crecimiento que venían experimentando las partidas de crédito, fundamentalmente del sector promotor y constructor".

Los populares también interpelan por si, a la vista de lo ocurrido en otros países europeos, en que se hicieron los esfuerzos de recapitalización en 2008, "se actuó tardíamente sobre el sistema financiero español"; así como pregunta por si "considera acertado" que el real decreto 9/2009 exigiese operaciones corporativas para poder acceder a la recapitalización pública de las entidades.

Apoyándose en las palabras del subgobernador del Banco de España, Javier Aríztegui, sobre la necesidad de la implantación gradual del calendario de Basillea III para evitar un "elevado impacto", los populares preguntan por "cómo casan estas palabras con las fuertes exigencias" del real decreto de febrero de 2001 y "cómo cree que pudo afectar esta elevada exigencia en la política crediticia de las entidades".

Durante el desarrollo de la comisión, la mayoría de los comparecientes vinculados con la gestión de las cajas han culpado del fracaso de la fusión de las cajas gallegas a los cambios normativos, una tesis en la que también abundó la Xunta a través de voces como el director xeral de Política Financieira, Manuel Galdo, quien defendió que aseguró que son los cambios normativos impulsados por el Gobierno del PSOE los que impidieron "que se consolide" el proyecto.

Preferentes e indemnizaciones

Por otro lado, el PPdeG pregunta por el "papel que desempeñó el Banco de España en la emisión de participaciones preferentes por parte de las cajas de ahorros gallegas", cuyos afectados protagonizaron el pasado jueves el momento más emotivo de la comisión de las cajas con sus intervenciones. También interpela por si la fuerte concentración de entidades crediticias "no puede llevar a problemas de reducción de la competencia, oligopolio y exclusión financiera".

Y, toda vez que dentro de las competencias del Banco de España se encuentran la revisión de las políticas y prácticas de remuneración, los populares preguntan a Ordóñez por "qué consideración le merecen los contratos de alta dirección existentes en las cajas de ahorros gallegas y la elevación de las indemnizaciones previas a la fusión". En esta cuestión recuerdan que cuando se conocieron suscitaron "el rechazo unánime de la sociedad y el Parlamento gallegos" y han provocado "la retirada de depósitos de la entidad".