La Junta de Andalucía ha negado que vaya a abonar la defensa de los altos cargos imputados en 'caso de los ERE' y ha aclarado que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, y a preguntas de los periodistas, el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha recordado la existencia de una norma que regula la asistencia jurídica a las "autoridades y personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía".

La Oficina del Portavoz del Gobierno ha expresado en un comunicado que la norma marca que los letrados del Ejecutivo autonómico "podrán representar y defender a las autoridades y al personal a servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, cualquiera que sea su categoría, en toda clase de procedimientos judiciales que se dirija contra ellos, siempre que se trate de actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus cargos cumpliendo el ordenamiento jurídico o las órdenes de sus superiores, y que se conceda la autorización correspondiente, previo informe del gabinete jurídico, por el titular de la consejería de quien dependa el afectado".

Igualmente, ha apuntado que la normativa establece literalmente que "en los casos en los que, resultando procedente esa defensa, "pudiera existir incompatibilidad material por la posición procesal que la comunidad autónoma haya de mantener en el mismo o en otros procedimientos, la consejería competente, previo informe del gabinete jurídico, podrá contratar los servicios de profesionales que se encarguen de la defensa de aquel personal".

Por todo ello, desde la Oficina del Portavoz del Gobierno andaluz señalan que Junta "no va a abonar la defensa de los imputados por el último auto del juzgado de instrucción número 6 —en el que imputa a 20 cargos y excargos de la Junta—, porque ni siquiera ha sido aún notificado a los imputados, y por tanto no existe la preceptiva solicitud por su parte de asistencia de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, ni informe previo, ni autorización".

Del mismo modo, ha apuntado que el decreto que recoge esta cuestión "asiste y protege jurídicamente al personal de la Junta de Andalucía en su conjunto, sin distinción alguna por cargo o función. Solo tiene en cuenta que el proceso judicial afecte al desarrollo de sus funciones contempladas en el marco de la ley".

En este sentido, la Oficina del Portavoz ha recordado que "hasta ahora, y después de tres años de instrucción judicial, la Junta solo se ha hecho cargo de la defensa de Daniel Rivera, ex director general de Empleo, porque así lo estimó conveniente el servicio jurídico, el mismo servicio que ha solicitado la imputación y afianzamiento de varios ex altos cargos de la Junta". Además, ha resaltado que este hecho fue informado "con total transparencia a la opinión pública".

Por último, ha indicado que existe una norma similar a nivel estatal que ofrece asistencia jurídica los empleados públicos de la Administración General del Estado. En concreto, el Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 14.1.

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, había explicado este martes por la mañana que el pago de esta defensa se recoge en el reglamento del servicio jurídico de la Junta, y aclaraba que solo afecta a los altos cargos en activo y a los funcionarios públicos.

En este sentido, indicó que aplicará el reglamento de los servicios jurídicos en virtud del cual altos cargos y funcionarios públicos pueden pedir el servicio de defensa de la Administración o el pago de una defensa letrada, cuando están imputados en una causa judicial. Y apuntó que desconocía si hay un límite en la cuantía que la Junta paga por esos servicios.

Del mismo modo, aseguró que la Junta no recurrirá el auto de Alaya porque "quiere andar con pies de plomo", aunque insistió en que "no hay motivos" para imputar al presidente andaluz, José Antonio Griñán, o a la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo.

También defendió el derecho de la Administración autonómica a "hacer públicas sus discrepancias" con el auto, reiterando que es "perfectamente recurrible y señala a personas honestas y honorables que han hecho un buen servicio a Andalucía"; que "parece querer imputar delitos que no existen en el Código Penal"; y que tiene "cierta inconsistencia apuntada por importantes juristas".

Vázquez también criticó que los imputados que señala el auto de Alaya no hayan recibido hasta el momento notificación oficial del juzgado. Asimismo, sostuvo que la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que la jueza fije un "calendario razonable" para la declaración de los 20 nuevos imputados, va en la línea planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la Junta de reclamar celeridad en este caso.

"El sistema debería funcionar de otra manera", señaló, apuntando que la parte afectada "debería ser la primera en recibir la información y no enterarse por los medios de comunicación".

La jueza Mercedes Alaya imputó la semana pasada a una veintena de altos cargos de la Junta, entre ellos al viceconsejero de la Presidencia, Antonio Lozano, junto a la exministra de Fomento Magdalena Álvarez.