La Sección Segunda de la Audiencia Provincial juzgará esta semana -el martes y el viernes- a tres empresarios acusados de dar a su grupo de mercantiles una apariencia de insolvencia en su propio y exclusivo beneficio, llegando a disponer con este objetivo de una red de empresas en paraísos fiscales. Se da la circunstancia de que uno de los inculpados es Ángel Ochando, denunciante del caso que investiga la presunta trama de corrupción urdida a través de la recalificación del polígono palmesano de Son Oms.

La acusación pública atribuye tanto a Ochando como a José C.P. y Mateo C.M. dos delitos de insolvencia punible, por los que reclama tres años de cárcel para cada uno de ellos y una multa de 18.000 euros.

En su escrito de calificación, la Fiscalía recuerda cómo los tres acusados solicitaron en junio de 2005 concurso voluntario para su grupo formado por Leisure Finantial y Finantial Planning, petición junto a la que, de común acuerdo, incluyeron en el listado de acreedores unos créditos presuntamente inventados e irreales, que ascendían a un total de 5,5 millones de euros, con la intención de dar la apariencia de una deuda muy superior a la real.

De esta forma, Finantial Planning incluyó un crédito a favor de Mediterranean Touristic Promotion por importe de 270.455 euros y otro a favor de Exclusivas Sa Rambla por 180.303 euros, mientras que Leisure Finantial incluyó otro en beneficio de Mediterranean por 5,1 millones. Unos créditos que fueron declarados inexistentes por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma.

En el mismo listado de acreedores del concurso se encontraba Miquel G.M., a quien las empresas concursadas adeudan 83.373 euros sin que haya recuperado nada de esta suma. El Ministerio Público pide así que los acusados indemnicen de forma conjunta y solidaria al perjudicado por los hechos con la cantidad que le deben.

Tal y como relata el escrito la acusación, la situación de insolvencia, que dio lugar al concurso, fue creada por los acusados en su propio beneficio mediante el sistema de poseer empresas ubicadas en paraísos fiscales, tales como Rosevine Financial Services Limited, domiciliada en Jersey -Islas del Canal-, en la que figuraba como único administrador José C.P.

Estas empresas eran las que supuestamente contrataban de manera formal con los touroperadores y recibían los pagos e ingresos en metálico fuera de España. Posteriormente, prosigue la Fiscalía, las transferencias a las empresas españolas Leisure y Financial se reflejaban mercantil y contablemente como préstamos de las de los paraísos fiscales.

De este modo, lograban la apariencia de que las mercantiles de los inculpados adeudaban cantidades "astronómicas", según el Ministerio Fiscal, a las de los paraísos fiscales y consecuentemente una apariencia de insolvencia, quedándose exclusivamente para si los beneficios obtenidos.