La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha defendido este lunes la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante la campaña de ocupaciones de fincas desarrollada el pasado verano por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), y ha pedido al portavoz del sindicato, Diego Cañamero, que respete la legalidad vigente, la labor de las Fuerzas de Seguridad y la independencia de la Justicia.

Crespo ha hecho estas declaraciones después de que el dirigente del SAT se negara a declarar nuevamente ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la ocupación, el pasado verano, de la finca militar de Las Turquillas, propiedad del Ministerio de Defensa.

En una nota de prensa, la delegada ha querido defender la labor que desarrollan en Andalucía la Guardia Civil y la Policía Nacional, las cuales "actúan siempre en cumplimiento de la labor que tienen encomendada, en defensa del Estado de Derecho y de la legalidad democrática".

Además, Crespo ha pedido a Cañamero que no utilice a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como "arma política arrojadiza", dado que sus integrantes se limitan a "proteger los derechos de los ciudadanos y hacer respetar la ley".

Crespo ha reiterado su oposición a todas aquellas acciones que vulneren el derecho a la propiedad y que, en su opinión, "arrojan una pésima imagen de Andalucía fuera de nuestras fronteras".

"no se van a tolerar ocupaciones ilegales de fincas"

En este sentido, ha insistido en que "no se van a tolerar ocupaciones ilegales de fincas" y ha recordado que, en las últimas marchas de protesta convocadas por el SAT en diversos puntos de Andalucía, "en ningún momento se han llegado a ocupar fincas privadas, ya que la Guardia Civil ha desarrollado una magnífica labor preventiva, lo que ha permitido que esas protestas se salden sin incidentes y sin vulneración de la ley".

Por último, la delegada del Gobierno ha expresado su convencimiento de que no tiene que ser incompatible el derecho de protesta con el de la propiedad privada y ha recordado que, si se permitiesen las ocupaciones, se infringiría el artículo 245.2 del Código Penal.