La parlamentaria andaluza y vicesecretaria de Políticas Sociales del PP de Córdoba, Rafaela Obrero, ha informado este lunes que "la Junta de Andalucía acumula recortes en políticas sociales desde 2010, cuando aún gobernaba Rodríguez Zapatero, cifrados en 500 millones de euros", dándose la circunstancia de que en la provincia de Córdoba hay 1.500 familias "que no cuentan con ningún tipo de ingreso y que llevan más de cinco meses esperando para cobrar" el salario social.

Esta situación forma parte, según ha explicado Obrero en rueda de prensa, de la tendencia a "creer mediáticamente en las políticas sociales, pero recortar continuamente las partidas presupuestarias" y que "también afecta a 2013", año éste en el que el recorte con respecto al año anterior "alcanza los 197 millones de euros".

Estos recortes, según Obrero, "están afectando a los programas de Atención a la infancia, Bienestar Social, Servicio de Apoyo a las Familias y Atención a la Dependencia, Envejecimiento Activo y Discapacidad", y "todo esto en una comunidad que tiene casi un 32 por ciento de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, diez puntos por encima de la media nacional, y un 70 por ciento de hogares que no llega a fin de mes".

De hecho, estos recortes "están perjudicando a medidas concretas, como el salario social, hasta el punto de que "son 1.500 familias cordobesas las que no cuentan con ningún tipo de ingreso y que llevan más de cinco meses esperando para cobrar esta ayuda", que "es la única medida contra la pobreza impulsada por el Gobierno andaluz, pero sus retrasos en la concesión y pagos está provocando que se desvirtúe su finalidad".

500

Sin dependencia

Obrero se ha referido también al procedimiento de reconocimiento del derecho a ser persona dependiente, "que mantiene a 500 cordobeses dependientes que tienen reconocido el derecho a recibir algún tipo de prestación pero la Junta de Andalucía no se las está prestando".

Esta es, según la parlamentaria del PP, una "situación provocada durante la etapa socialista al frente del Ejecutivo, debido al descontrol, y que permitió al PP conocer que Andalucía se encontraba a la cabeza en personas fallecidas que recibían prestación por dependencia: 4.194".

En relación con ello, Obrero ha señalado que el Gobierno que preside Mariano Rajoy "está llevando un control más exhaustivo de la Ley de Dependencia, para evitar este tipo de fraudes. Control que no ha impedido a las comunidades autónomas seguir aplicando la Ley e incorporar nuevos usuarios, gracias a los 122 millones de euros más que el Gobierno trasladó a las comunidades para hacer frente a los nuevos usuarios de dependencia".

"Estos 122 millones de euros más permitieron aumentar el número de beneficiarios de la Dependencia en todas las comunidades autónomas, salvo en Andalucía", donde, según Obrero, "la Junta tiene paralizada la tramitación de los expedientes de dependencia, competencia exclusiva de los gobiernos autonómicos. Son un total de 57.251 en toda Andalucía, de los que 500 son cordobeses".

Además, la vicesecretaria de Políticas Sociales del PP de Córdoba ha añadido que "es más grave la situación cuando comprobamos que no se está cubriendo la tasa de reposición de aquellos dependientes que están falleciendo". En concreto, "en Córdoba en 2011 teníamos 3.938 dependientes y, en la actualidad, 3.106", es decir, "en Córdoba han fallecido 800 personas dependientes y hay 500 sin la prestación reconocida por dependencia".

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Por otro lado, Obrero ha subrayado que, "a pesar de la deuda de 13,7 millones de euros con la Diputación de Córdoba y de cinco millones con el Ayuntamiento de Córdoba, las administraciones gobernadas por el PP defienden con hechos las políticas sociales".

En concreto, Obrero se ha referido a "los 2,8 millones de euros que el Gobierno de Mariano Rajoy destina a Córdoba para fines de Interés Social, extraídos de las subvenciones con cargo a la asignación tributaria del IRPF de la pasada campaña de la Renta 2012".

Esta cifra, según Obrero, "supone un incremento del 7,6 por ciento y beneficiará a programas destinos a personas mayores, discapacitados, inmigrantes, colectivos de mujeres, drogodependencia, infancia, familia y voluntariado y programas de inclusión social".

Finalmente, la dirigente del PP ha destacado también el convenio firmado por el Ayuntamiento de Córdoba con la Junta de Andalucía para otorgar ayudas económicas a familias en riesgo de exclusión social, apuntando, en este sentido, que "el Gobierno andaluz recorta su participación un seis por ciento, quedándose en 84.000 euros, mientras que la aportación del gobierno municipal del PP alcanza los 184.000 euros".

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