El grupo socialista en el Ayuntamiento de Málaga propondrá en la próxima Comisión de Economía la ampliación de las bonificaciones del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) para las Viviendas de Protección Oficial (VPO) "tal y como hacen otras ciudades españolas".

La portavoz socialista, María Gámez, ha explicado que la propuesta socialista plantea la aplicación de reducciones de un 50 por ciento durante un total de seis años, lo que supondría tres años más de lo que se hace en la actualidad, y de un 75 por ciento para las viviendas sociales durante el mismo tiempo a partir del tercer año de la compra del inmueble.

La iniciativa planteada se completa con una modificación de la actual ordenanza fiscal, de modo que la bonificación del 50 por ciento en la cuota del impuesto durante los tres años siguientes al de la terminación de la construcción del inmueble se aplicará directamente sin necesidad de solicitarla.

La socialista ha manifestado que "se trata de una propuesta totalmente alcanzable por parte del Ayuntamiento que serviría para amortiguar la situación de miles de familias que lo están pasando mal y aliviar la presión fiscal a la que están sometidas", y ha añadido que "estas bonificaciones no supondrán ningún tipo de problema cuando se va a recaudar más que nunca en IBI tras el catastrazo".

Como ha informado Gámez en rueda de prensa, en la actualidad las ayudas municipales sólo llegan al 0,9 por ciento de la población malagueña, por lo que ha confiado en que el equipo de gobierno "sea sensible" con esta iniciativa.

Asimismo, ha puesto de ejemplo a otras ciudades que llevan años aplicando bonificaciones, como por ejemplo Zaragoza, con reducciones en el recibo del IBI durante seis años o Valencia, en la que se dan bonificaciones durante 15 años.

El PSOE en el Ayuntamiento de Málaga también ha planteado una nueva revisión catastral para mitigar el impacto en los próximos años de los valores catastrales aprobados en 2009, la mejora de los requisitos necesarios para beneficiarse de las ayudas al IBI, introduciendo nuevos destinatarios de estas ayudas, incluso la suspensión y revisión del nuevo callejero fiscal que entró en vigor el 1 de enero de 2013.

"Consideramos que es necesario que el Ayuntamiento de Málaga, en la medida de sus posibilidades, ponga en marcha mecanismos que mitiguen la repercusión de los tributos municipales en la ciudadanía malagueña, en especial, el efecto del IBI, impuesto que más se recauda en Málaga y que la gran mayoría de los malagueños tienen que pagar todos los años", ha afirmado Gámez.