Bankia
Cajeros de Bankia Jorge Paris

Cuando el pasado día 4 de julio se ha cumplido un año de la admisión a trámite en la Audiencia Nacional de la querella de UPyD por la salida a Bolsa de Bankia, la formación que lidera la acusación popular ha solicitado mediante un escrito presentado este lunes ante el juez Fernando Andreu (ver documento adjunto) una nueva batería de pruebas y comparecencias de testigos para "dar un nuevo impulso a la investigación", según palabras de su abogado, Andrés Herzog.

Entre los testigos que se solicitan están Antonio Carrascosa y Miguel Temboury, altos cargos del Ministerio de Economía La voluntad de la acusación popular es ampliar las líneas de investigación a raíz de los nuevos indicios que han ido desvelándose a lo largo de la instrucción. Así, se ha pedido que acudan como testigos una docena de altos directivos de Bankia y su matriz BFA: Pedro Vázquez (director general de Medios), Matías Amat (director general de Participadas), Luis Maldonado (Presidencia), Miguel Ángel Soria (Auditoría), Juan Bartolomé (Recuperaciones), Antonio Román (interventor de BFA), Sergio Durá (interventor de Bankia), María Jesús de Jaén (Admisión de Riesgos), Soraya Paredes (Área de Auditoría Contable), Leopoldo Alvear (director financiero de Bankia), Jorge Dajani (Relaciones con los inversores) y Angel Luis Saiz (Seguimiento y Recuperaciones).

Junto a ellos, Herzog ha solicitado que comparezcan ante la Audiencia Nacional varios altos cargos del Ministerio de Economía y del Banco de España que tomaron parte en la crisis de BFA-Bankia los días previos y posteriores a la dimisión de Rato y llegada de Goirigolzarri: el exdirector general del FROB, Mariano Herrera, el exdirector general de Política Económica, Antonio Carrascosa y Miguel Temboury, subsecretario de Economía y Competitividad. También se pide el testimonio de Javier Prego, secretario general del BdE, Jerónimo Martínez Tello, director general de Supervisión en esta misma institución y de Ángel Benito, director de Mercados en la CNMV.

La labor de supervisión del Banco de España supone toda una línea de investigación; así, UPyD pide al juez Andreu que llame a declarar a cinco inspectores del máximo supervisor financiero, entre ellos el técnico encargado del informe en el que se valoraba la compra, por parte de Caja Madrid, del banco City National de Florida.

Revisión de contratos y créditos

La acusación popular, ante la lentitud de la Fiscalía en la tramitación de la denuncia presentada hace tres meses contra el antiguo equipo directivo de Miguel Blesa, reclama que dicha denuncia pase a investigarse por el propio juez instructor. Hacen lo propio también con las pruebas y diligencias abiertas por el juez Elpidio Silva, recientemente apartado del caso que investigaba los créditos concedidos por Caja Madrid y Miguel Blesa a su consejero Gonzalo Díaz Ferrán.

Entre los documentos se reclama la póliza de responsabilidad civil suscrita por Mapfre para proteger a consejeros y directivos  El objetivo es ampliar la investigación  a otros créditos y operaciones relevantes que puedan ser susceptibles de contener indicios de delito. Son por ejemplo, los créditos concedidos al Valencia CF, la financiación a favor del Banco de Valencia y todas las actas tanto de la comisión de Riesgos como de Auditoría, Nombramientos y la Ejecutiva de BFA y Bankia. También levanta sospechas la actuación de las entidades colocadoras de Bankia en Bolsa, por lo que han reclamado la presencia del representante legal de JP Morgan, entidad directora de la oferta de venta de acciones de Bankia.

Entre los documentos requeridos por la acusación se encuentra la políza de responsabilidad civil de consejeros y directivos suscrita por Mapfre. Esta póliza ha permitido que todos los consejeros imputados hayan accedido a una defensa legal gratuita (a costa del banco nacionalizado) en todo el caso Bankia. También se incluyen entre las peticiones la comparencia de los dos socios de la auditora Ernst & Young encargados de realizar el informe sobre BFA posterior a la nacionalización del Banco de Valencia.

Además, merece un capítulo especial la contratación, por parte de Bankia, de varios servicios con empresas vinculadas a antiguos compañeros del expresidente Rodrigo Rato. Así, se reclaman todos los documentos relacionados con los contratos con el banco de inversión Lazard (en el que trabajaba Jaime Castellanos, amigo de Rato), con la empresa de correduría de seguros Willis (también presidida por Castellanos) y con la empresa cazatalentos Seeliger  y Conde, presidida por Luis Conde, excompañero de Rato en Lazard.