La jueza que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía se ha dirigido este viernes al abogado del bufete sevillano Estudios Jurídicos Villasís Carlos Leal, imputado en la causa, para reprocharle que le "está mintiendo descaradamente", según han informado a los periodistas fuentes del caso.

En este sentido, las mismas fuentes han indicado que esta situación se ha producido cuando la magistrada Mercedes Alaya ha cuestionado al letrado sobre si los expedientes en los que intervino fueron financiados por la Junta de Andalucía, a lo que ha contestado que "no", lo que ha motivado que la juez se dirija al imputado reprochándole que le "está mintiendo descaradamente".

Hay que recordar que, en declaraciones a los periodistas realizadas este jueves, durante un receso en su primer día de declaración ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, el letrado aseguró que "por sus cuentas no ha pasado dinero público, ni un euro".

De igual modo, la jueza le ha preguntado si es cierto que adelantó dinero del expediente de la Faja Pirítica, a lo que el imputado ha respondido que es cierto y que un sindicalista se lo pidió verbalmente, por lo que acudió al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, quien le confirmó dicho extremo, por lo que llegaron a un acuerdo verbal por el que finalmente el imputado adelantó 600.000 euros, aunque finalmente el expediente supuso un gasto para la Junta de 1,3 millones de euros.

La jueza también le ha preguntado si conocía que las ayudas sociolaborales llegaban a pocas personas debido a que no eran públicas, a lo que el letrado ha respondido señalando que "no lo conocía" pero que los sindicatos sí tenían conocimiento de ello.

El imputado, que ha asegurado que a nivel nacional lo habitual es que los sindicatos cobren por su asesoramiento en los expedientes, ha explicado que él intervenía en la fase inicial de los ERE, es decir, en las negociaciones entre trabajadores y empresas hasta que se llegaba a un acuerdo, tras lo que los que intervenían en la siguiente fase —por ejemplo, en el pago de las pólizas— eran los sindicatos, Uniter y Vitalia.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido eel ingreso en prisión provisional eludible bajo fianza de 225.000 euros. Durante una comparecencia, la acusación que ejerce el PP se ha adherido a la petición del Ministerio Público, mientras que la Junta de Andalucía no ha pedido el ingreso en prisión del imputado y únicamente que se le retire el DNI y el pasaporte y que comparezca periódicamente en el Juzgado. De su lado, el sindicato UGT, personado también como acusación en este proceso, no ha pedido medida cautelar alguna para el imputado.