La Consejería de Educación ha ordenado a los tribunales que revisen de oficio la transcripción de las calificaciones de la primera prueba de la oposición al cuerpo de maestros "tras una reclamación detectando un error material en la publicación de las notas". No obstante, el departamento que dirige Mar Moreno ha querido dejar claro que las oposiciones que arrancaron el pasado 23 de junio "siguen su curso con normalidad y con todas las garantías".

En este sentido, fuentes de la Consejería han explicado a Europa Press que el objetivo de esta comprobación de oficio es "extremar el celo en la defensa de los derechos de los opositores que concurren al proceso" para acceder a una de las 592 plazas ofertadas en 2013 para el cuerpo de maestros, toda vez que insisten en que dicho proceso "sigue su curso según los plazos establecidos".

En este sentido, ANPE-Andalucía ha exigido a la Consejería explicaciones sobre una nota difundida a través de los tablones de los Tribunales de Oposición al Cuerpo de Maestros en la que señalaba que "el personal aspirante podrá solicitar por escrito a los tribunales la comprobación de un presunto error en las calificaciones publicadas el día 2 de julio, en el plazo comprendido entre los días 4 y 10 de julio, ambos inclusive".

En un comunicado, ANPE también ha exigido a la Consejería que aclare cuál es ese "presunto error" y concrete en qué tribunales se ha producido, puesto que para el sindicato "no es de recibo sembrar la duda sobre las actuaciones de todos los tribunales y entre todos los opositores", toda vez que considera "catastrófico" que todos los opositores de todos los tribunales tengan que reclamar "a ciegas, por si acaso", en una actuación que no está prevista en la orden de convocatoria.

Al respecto, el sindicato también se pregunta "si aquellos opositores que no reclamen pueden verse afectados negativamente por la reclamación de otros o si aquellos que reclamen pueden ver revisada su nota a peor". Por tanto, ANPE cree que la Consejería debe aclarar "qué está ocurriendo", antes "de obligar a los opositores a esta reclamación a ciegas y sin garantías, en un clima de incertidumbre e indefensión".