El Gobierno de Asturias ha intensificado durante esta semana las acciones dirigidas a defender al sector naval español y lograr respaldos al rechazo a la devolución de las bonificaciones (tax lease) por parte de los astilleros españoles.

Este viernes, el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha planteado en la localidad francesa de Nantes la exigencia del Principado ante el Comité de las Regiones Periféricas Marítimas de Europa, un foro que reúne a los representantes de todos los territorios costeros y que impulsa iniciativas para el fortalecimiento de las diferentes industrias vinculadas al mar.

Guillermo Martínez participa en la jornada 'Industrias marítimas: ¿qué estrategias de futuro en Europa para las regiones marítimas', donde se han abordado los diferentes sectores vinculados a las industrias del mar y donde el Principado ha dado a conocer la fortaleza de sus instalaciones portuarias, como El Musel y Avilés, el desarrollo de iniciativas de energía marítima y la competitividad de los astilleros asturianos, como Gondán y Armón, que dan empleo directo a 1.200 personas.

En la conferencia que presentó en Nantes, el Consejero de Presidencia hizo de nuevo una firme defensa de la industria naval, no sólo de la asturiana, también de la del resto de España, que afronta un momento difícil ante el riesgo de tener que devolver el tax lease.

"Es el momento ahora de buscar soluciones a un asunto que puede llevarse por delante todos los esfuerzos realizados por unas empresas que han conseguido mantenerse a través de la especialización y la excelencia", afirma Guillermo Martínez, quien aprovechó su intervención "para hacer un llamamiento a la Comisión Europea y, en particular, al comisario de la Competencia, el señor Almunia, para que ofrezca a los astilleros una solución que no aboque al cierre y a la consiguiente pérdida masiva de puestos de trabajo en este sector".

La defensa del sector naval ante un foro de la relevancia de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas se suma a las acciones desplegadas por el Gobierno de Asturias para evitar la devolución de unos 2.000 millones de euros, lo que pondría en peligro la continuidad de 19 astilleros y 87.000 empleos en España.