Detenidas 49 personas en Castellón por un fraude de 1,2 millones a la Seguridad Social

  • Son 48 falsos empleados, que cobraban irregularmente subsidios del Servicio Público de Empleo Estatal, y una administradora de una empresa.
  • De los 1,2 millones, 665.151 corresponden a impagos a la Tesorería General de la Seguridad Social y el resto a subsidios percibidos "ilícitamente".
  • En mayo ya se produjeron otras 36 personas detenciones.
Administración de la Seguridad Social.
Administración de la Seguridad Social.
EP
Administración de la Seguridad Social.

La Policía Nacional ha detenido én Castellón dentro de la denominada operación Perdigón II a 49 personas por un fraude masivo a la Seguridad Social, cuya cantidad asciende a más de 1,2 millones de euros, según una nota.

Hasta 48 falsos empleados, relata la policía, obtuvieron de forma irregular subsidios del Servicio Público de Empleo Estatal y algunos llegaron a cobrar más de 26.000 euros en ayudas. De los 1,2 millones, 665.151 corresponden a impagos a la Tesorería General de la Seguridad Social y el resto a subsidios percibidos "ilícitamente".

En la operación también ha sido arrestada una empresaria, responsable de una empresa mercantil; en mayo ya se produjeron otras 36 personas detenciones.

Los supuestos trabajadores habían sido dados de alta en dos empresas ficticias. La Seguridad Social detectó irregularidades en una de ellas y tras una investigación se descubrió la existencia de un entramado empresarial "en el que sus administradores tenían urdido todo un plan que se convirtió en su auténtico modus vivendi".

Entre los arrestados del pasado mes de mayo se encontraba también un gestor autorizado del Sistema Red (sistema por el que se agilizan los trámites por Internet a personas autorizadas por la propia Seguridad Social).

Además del fraude derivado del cobro irregular de subsidios, explica la Policía, ninguna de las empresas creadas "para defraudar a la Seguridad Social y el SPEE" pagaba las cuotas de seguros sociales de los empleados dados de alta, "superando en un caso la cuantía que transforma dicha deuda en un delito penal".

Algunos de los supuestos empleados son ciudadanos extranjeros que "también pretendían regularizar su situación en España".

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