La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) y la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) han habilitado un espacio en la plataforma change.org para facilitar la recogida de firmas de la campaña destinada a exigir al Gobierno central y a los autonómicos el cumplimiento íntegro de la Ley de Dependencia.

La asociaón ha apuntado en un comunicado que la crisis "no puede servir de excusa para que el colectivo de dependientes no esté siendo atendido tal como garantiza la propia Ley". A su juicio, "precisamente, la crisis debería ser la razón para hacer efectivo el apoyo a estas personas, mayores, enfermos y discapacitados en su mayoría".

La campaña se abre a todos los ciudadanos "para reclamar, a través de un manifiesto dirigido al Congreso de los Diputados, una resolución parlamentaria que obligue al Gobierno a dotar la partida presupuestaria suficiente que garantice el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a las administraciones públicas competentes en los términos fijados en los artículos 9 y 32 de la Ley de Dependencia".

También se dirige al parlamento autonómico, "con el objeto de que desarrolle propuestas para la adopción de las resoluciones que garantice el acceso a las prestaciones y servicios previstos".

Según Aerte, de acuerdo con el último informe del Observatorio de la Dependencia, la Comunitat Valenciana "está a la cola en la implantación en dependencia". Sus propios datos apuntan que es "la única autonomía que mantiene expedientes sin resolver desde hace más de tres años, impidiendo así que las personas dependientes accedan a la prestación o servicio que les corresponde".

En esta línea, ha incidido en que se trata de "un servicio imprescindible en su día a día porque de él depende que estas personas puedan ejercer sus actividades básicas diarias como levantarse, asearse, vestirse o comer".

500.000 FIRMAS

Para lograr estas reivindicaciones, la campaña, que subrayan que es "ajena a cualquier consigna política", necesita recoger 500.000 firmas en toda España que "servirán de apoyo a las miles de personas afectadas que tienen reconocido el derecho a asistencia pero no reciben ninguna prestación ya que sus expedientes están bloqueados por cuestiones presupuestarias".

Según Aerte, "sólo en la Comunitat Valenciana 11.000 dependientes se encuentran en esta situación, de los cuales, aproximadamente 7.150 corresponden a la provincia de Valencia, 2.750 a Alicante y 1.100 a Castellón".

La asociación añade que desde la implantación en 2007 de la Ley de Dependencia, el número total de plazas en la Comunitat Valenciana financiadas con dinero público ha disminuido en más de 1.400 (alrededor de un 15 por ciento), al pasar de 9.320 a 7.840 en junio de 2013. Mientras, según datos de la misma patronal, existen 5.000 plazas residenciales vacías en la autonomía, aproximadamente 3.250 en Valencia, 1.250 en Alicante, y 500 en Castellón.

Aerte ha subrayado que, detrás de todos estos datos, "se encuentran personas a la espera de recibir su ayuda económica desde 2009, muchas de ellas con enfermedades como el alzheimer y que residen o pasan gran parte de su día a día en centros o; casos de enfermos mentales tutelados por la administración que perciben los servicios profesionales específicos que necesitan en centros y que están sin cobrar desde 2011".

Asimismo, hay casos de personas "que fallecen antes de que se les reconozca su derecho a percibir la asistencia básica necesaria o incluso que han tenido que salir de los centros al no poder soportar el pago de éstos por más tiempo ya que la administración no resuelve en los seis meses de plazo máximo que la ley reconoce".