Indignado en Brasil
Un manifestante se pinta la cara este fin de semana en Fortaleza (Brasil) durante una protesta para exigir mejores servicios públicos. EFE

El vicepresidente de Brasil, Michel Temer, admitió que el plebiscito propuesto por la jefa de Estado, Dilma Rousseff, para una reforma política, no podrá celebrarse antes de octubre, aunque aclaró que el Gobierno sí mantiene la intención de realizarlo a tiempo.

Sólo podrá entrar en vigor para las municipales de 2016

Rousseff pidió el pasado martes que el Congreso que convoque a un plebiscito para una reforma política, que está pendiente en las cámaras desde hace quince años, con la intención de dar respuesta a una de las demandas de las masivas manifestaciones que tomaron las calles del país durante el mes de junio.

La mandataria pretendía que la reforma fuese aprobada antes del mes de octubre, que marca el plazo legal para que esté en vigor en las elecciones presidenciales y legislativas de 2014, pero tanto el Congreso como el Poder Judicial advirtieron que el tiempo es escaso para una consulta de esa naturaleza.

Temer se reunió con parlamentarios de la base oficialista en la Cámara de Diputados y, después de analizar el asunto, declaró a periodistas que "no hay condiciones de hacer el plebiscito antes de octubre", por lo que la consulta deberá quedar para una fecha posterior. De ese modo, sólo podría entrar en vigor para las municipales de 2016 y, en el ámbito nacional, en las presidenciales y legislativas de 2018, indicó.

Explicó que, de acuerdo a las consultas hechas hasta ahora, "la mayoría de los parlamentarios sugiere que el plebiscito se haga junto con las elecciones de 2014", pues implicaría menos gastos y permitiría que la población esté bien informada sobre el asunto. Horas más tarde de proferir esas declaraciones, Temer publicó un comunicado oficial en el que aclaró que el Gobierno "mantiene" la posición según la cual "lo ideal" es que el plebiscito se realice antes de octubre para que esté en vigor en las elecciones de 2014.

La decisión final quedará en manos de la Cámara de Diputados, que el martes de la semana próxima instalará un grupo especial para discutir la propuesta de Rousseff.