Los responsables autonómicos de Castilla y León, Madrid, Galicia y Valencia se han posicionado este jueves a favor de la evaluación anual de la aplicación de la ley de Dependencia, elaborada por el Ministerio de Sanidad, mientras Andalucía y Asturias se han mostrado en contra y Cataluña la ha puesto en cuestión, durante la reunión del Consejo Territorial de Servicios y Dependencia.

Entre las que han validado el sistema, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Milagros Marcos, se ha mostrado contenta tras el Consejo Territorial porque cree "que se ha llegado al justo equilibrio entre la transparencia y la eficiencia sin mermar la atención a personas dependientes", condición que ha mencionado a la entrada.

"Castilla y León está absolutamente preparada, sin necesidad de ningún cambio en nuestros sistemas de gestión, para poder aportar esta información sin ningún problema", ha asegurado la consejera.

Preguntada por el sistema de evaluación, la consejera castellano-leonesa ha sentenciado que "es importante que exista la evaluación entre comunidades" y que "siempre es bueno compararse para mejorar y aprender".

Por contra, en declaraciones a los medios de comunicación posteriores al Consejo, la consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha insistido que la reunión ha sido un "fraude", pues el informe de evaluación pretende aparentar que la Ley "no ha sufrido recortes, que no ha habido ningún tipo de afectación" por la medidas del Gobierno. "Hay una cerrazón absoluta del Ministerio a recibir aportaciones", ha denunciado.

"Realmente es un fraude porque hay más personas esperando el que se les pueda aplicar la Ley, ha habido disminución en la intensidad de las prestaciones, tenemos 30.000 personas menos incorporadas al sistema y además no hay ningún compromiso del Gobierno por retomar la financiación del nivel acordado que se venía planteando con anterioridad", ha argumentado Montero.

Por su parte, la consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias, Esther Díaz, ha explicado que ha votado en contra de la evaluación del Ministerio porque, a su juicio, es "demasiado complaciente" pues ha eludido reflejar "una importante rebaja de la financiación" que se ha cubierto desde las comunidades autónomas.

"Hicimos la petición de que se reflejase la aportación por comunidades autónomas a la Ley de la Dependencia. Nos resulta sospechoso que se haga una incidencia especial en exceso digamos de grados tres que hay dentro del ámbito de la Ley", ha detallado, para después agregar que por todo ello le ha preguntado a la ministra si había una "intención de hacer una revisión del baremo" porque significaría, a su juicio, un nuevo recorte a los derechos de las personas".

Tener en cuenta las aportaciones

La consejera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Cataluña, Neus Munté, también se ha referido a la evaluación de la Ley de Dependencia y ha cuestionado que dentro de la misma no se tengan en cuenta las aportaciones que hacen las comunidades y el Estado. Así, ha recordado que Cataluña hace un "sobresfuerzo" al aportar el 80 por ciento, mientras que el Estado aporta el 20 por ciento.

Además, Munté ha indicado que el nuevo sistema de información y procesamiento de datos autonómicos es "excesivo y muy detallado", lo que generará un problema añadido, y supone "una extralimitación competencial" de forma que solicita demasiados datos a las comunidades que ponen en juego la eficiencia del sistema, y no garantiza la transparencia.

La consejera de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia, Beatriz Mato, ha explicado que Galicia ha hecho una serie de "sugerencias, si cabe, para mejorarla, para que ese informe sea "más completo" y para que, por ejemplo, aparezca en él "el número de altas netas" que se están dando en las comunidades autónomas a lo largo del año.

En relación con la repartición del IRPF recaudado por el Estado y luego destinado a las entidades sociales, la consejera de Andalucía ha valorado que se destine a las entidades del tercer sector "prioritariamente", aunque ha añadido que le gustaría "que se fuera menos excluyente" en relación con otras entidades que "pueden tener programas financiables".

El consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Jesús Fermosel, se ha mostrado satisfecho porque "se ha debatido por primera un informe de evaluación de la dependencia". El consejero madrileño ha destacado que "se ha discrepado en los contenidos", pero ha opinado que "habrá que ir perfeccionándolo" y sobre el plan de atención a los niños menores de tres años dependientes, Fermosel ha dicho que "ha habido un gran consenso".

En último lugar, la consejera de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, Asunción Sánchez Zaplana, ha destacado que confía en que tanto las comunidades como el Estado trabajen de forma conjunta en la Ley de la Dependencia para ser "capaces de hacerlo, poco a poco, un poquito mejor". En concreto, la consejera ha afirmado que la dependencia es "un tema de todos", y por ello se trabaja "en aras de la transparencia y de ayuda a los dependientes".

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