El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, cree que se deberían hacer "pequeños" cambios normativos para que la sociedad perciba una "independencia clara" entre poder Ejecutivo y Judicial.

"Quizá haya que hacer pequeños cambios normativos para que esa apariencia ante la sociedad de una posible relación entre el poder ejecutivo y la Fiscalía General del Estado no sea algo tan palpable", ha expresado Grande-Marlaska a los medios de comunicación en Santander, después de participar en una mesa redonda sobre el papel del fiscal en la instrucción penal, dentro de uno de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo que versa sobre este tema.

Durante el debate, el juez ha subrayado la importancia de la imparcialidad, que ha vinculado con la independencia, y ha aludido a la percepción por parte de la sociedad de hechos como que el nombramiento o cese de cargos en el Ministerio Fiscal corra a cargo del Gobierno, preguntándose si éste y otros extremos generan dudas o confianza en los ciudadanos.

Y es que, a su juicio, la ciudadanía debe "observar una independencia clara" entre ambos poderes.

Preguntado por la posibilidad de que, a propósito de la reforma del proceso penal, se pueda elegir la figura del fiscal instructor con el mismo sistema que al fiscal general, Grande-Marlaska ha opinado que es "bastante compatible", ya que, como ha dicho, "al final" no tiene "el monopolio" de la acusación, toda vez que también existen las acusaciones particulares y populares.

Sobre estas últimas, ha opinado que han tenido un papel "importante y relevante" en determinados casos conocidos de la historia reciente judicial en España, pero ha recalcado al respecto que la acusación principal en un Estado de Derecho es la pública, de modo que hay que "trabajar" para que así sea.

Reforma "razonable",

Aunque precisa "retoque"

Sobre la reforma en general, y cuestionado por posibles "puntos débiles", el magistrado ve necesario que durante el trámite de investigación del Ministerio Fiscal no haya ninguna posibilidad de recursos contra las diligencias pedidas por las partes y que sean desestimadas por el fiscal instructor.

Cree Grande-Marlaska que esto podría "perturbar" la propia investigación.

En este sentido, es partidario de que las partes manifiesten ante el tribunal de garantías su postura respecto a las diligencias practicadas una vez esté concluida la investigación.

Defiende así que esta fase intermedia sea realizada "en una unidad de acto" y no haya posibilidad de recursos previos durante la investigación que puedan "perturbarla", ha insistido.

Se trata de un "retoque" que se podría hacer al borrador presentado que, como ha indicado, ha leído, aunque no "al detalle", por lo que es probable que haya que hacer más.

En cualquier caso, Grande-Marlaska considera "razonable" la base y sustento de la reforma prevista, aunque ha precisado que no debemos "quedarnos en la poesía sin pasar a la prosa", ya que también hay que tener en cuenta y valorar el estudio de viabilidad económica de la reforma.

Así lo ha reflexionado durante su intervención en el debate, en el que ha participado junto con Alejandro Luzón Cánovas, fiscal de la Fiscalía Anticorrupción y la Criminalidad Organizada, Manuel Marchena, magistrado del Tribunal Supremo y José Miguel de la Roca, teniente fiscal de la Fiscalía General del Estado.

"muy buena noticia"

Luzón Cánovas ha señalado por su parte, y en relación a las acusaciones populares, que hay que reconocer el papel "histórico" de actuaciones en procedimientos que se iniciaron por querellas de estas acusaciones, -como en el caso Roldán, ha citado-.

Pero ha matizado que "a veces" se han llevado a cabo "con poca reflexión" o criterios "estrictamente políticos", y se ejercen en asuntos que quizá merecerían una investigación "más reposada" por parte de la Fiscalía.

Así, le parece "provechosa" la regulación que se hace en el borrador de la reforma procesal, de modo que, si ésta sale adelante y los partidos políticos se quedan fuera de la posibilidad de ejercer esta acusación, estaríamos ante una "muy buena noticia".

Y es que, según ha razonado, los partidos "legítimamente hacen política", y lo que cabe esperar de ellos es que "sigan haciendo política".

"Es bueno que se regule esta acción popular y se perfilen los límites de este ejercicio", ha apostillado Luzón Cánovas, para apuntar que todos los derechos "no son absolutos".

Finalmente, el magistrado del Supremo ha indicado que, cuando el Gobierno asuma la reforma del texto, será "libre" para introducir todas las modificaciones que considere oportunas, pues el mismo no está "sometido al dictado de un determinado partido político".

Ahora bien, ha puntualizado que hay aspectos del borrador que es "más que previsible" que no pasen el filtro parlamentario, precisamente porque "no se acomodan" al criterio del Ejecutivo.

En cualquier cosa, Marchena ha destacado que algunos aspectos planteados, como el modelo de investigación del fiscal, es el modelo vigente en toda Europa que, ha destacado, "funciona con normalidad".

Así, ha concluido que el proyecto no es "un capricho" de expertos ni pretende acabar tampoco con una "reliquia", en alusión al sistema actual, sino que obedece al deseo de colocar al sistema procesal español en el "punto de partida" de la jurisdicción penal europea.

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