La defensa de la exconsejera delegada de Madrid 2016 Mercedes Coghen ha defendido "sin género de duda" que mediante el convenio rubricado entre la fundación Madrid 16 y la considerada sucesora del Instituto Nóos no se abonaron fondos públicos, puesto que, según su criterio, la sociedad madrileña no está considerada una administración pública y, por tanto, no está sujeta a la Ley de Contratos del Estado.

Mediante un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, presentado después de que el sindicato Manos Limpias solicitase la apertura de una pieza separada en torno al presunto desvío de 140.000 euros a raíz del anterior convenio, y con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, como imputado, el abogado de la también exjefa del área de Deportes del Ayuntamiento de Madrid reprocha el "nulo rigor" y la "inexistente fundamentación jurídica" de la acusación popular al respecto.

Y es que, a juicio del letrado de Coghen, Javier Ortega López-Bago, afirma que la intención de la acusación popular "parece más orientada a obtener una fácil repercusión mediática" que a lograr "seriamente un pronunciamiento estimatorio de su pretensión".

En esta línea, el abogado recrimina que Manos Limpias "desprecie" con su petición "la contundente realidad fáctica y jurídica" de estos hechos, "perfectamente acreditada por documentos públicos", para hacer una "huída hacia adelante". Tanto es así que considera que el "voluntarismo pertinaz ajeno a la realidad (...) debe ser rechazado tajantemente, porque no basta imputar por imputar".

La defensa de la exalto cargo incide en que Madrid 16 es una fundación privada que, por tanto, "se rige por la normativa privada", de modo que "no venía obligada a justificar cada uno de los gastos en los que incurría para la realización de sus fines, ni los relativos a la FDCIS ni tampoco los derivados de sus múltiples actividades, que iban mucho más allá de la colaboración con la citada fundación".

De hecho, recuerda en su escrito que el montante de esta última colaboración ascendía a 140.000 euros, cuando la actividad de la candidatura generó un gasto final de 39 millones de euros.