Las tres responsables autonómicas en materia de Servicios Sociales y Dependencia de las comunidades de Cataluña, Andalucía y Asturias se han mostrado muy críticas este jueves a la entrada del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, que esta tarde estudiará, entre otras cosas, la propuesta de evaluación sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia en 2012.

En declaraciones previas a su participación en la reunión, la consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha calificado de "auténtico fraude" el encuentro de hoy, porque, a su juicio, el informe de la ministra de Sanidad, Ana Mato, se plantea como una "especie de triunfo de cómo se ha ido desarrollando a lo largo del año 2012 la Ley".

"Sin embargo, yo creo que todos los ciudadanos, todos aquellos que prestan los servicios, todas las administraciones sabemos que se ha producido un recorte sin parangón en la Ley y que actualmente hay muchos más ciudadanos que están esperando ser atendidos", ha subrayado Montero.

Asimismo, ha denunciado que "las residencias y los centros" están trasladando "permanentemente", que no se están reponiendo las plazas, porque está habiendo una "menor incorporación de personas a la Ley de la Dependencia". Así, ha añadido que se ha producido además una "menor financiación por parte del Gobierno", lo que en Andalucía ha supuesto "más de 200 millones de euros menos" que llegan "para atender a las personas que ya se venían atendiendo".

"El informe intenta ser triunfante y victorioso y es un auténtico fraude, porque todos los ciudadanos conocemos perfectamente que el último año ha sido un retroceso y el comienzo del desmantelamiento de una Ley por la que el PP nunca apostó y que, en este momento, está en grave riesgo para que en el futuro pueda se consolidar", ha insistido la consejera andaluza.

Atacar a los trabajadores sociales

Al ser preguntada sobre las noticias que apuntan a que habría demasiados dependientes de grado 3 dentro del sistema, ha contestado que no entiende "como el Gobierno puede poner en tela de juicio lo que es una indicación profesional". "Decir que se estaba produciendo fraude en la calificación de los dependientes es directamente atacar al colectivo de trabajadores sociales, que son los que, con su indicación, plantean cuándo una persona tiene que estar en el grado 3, en el grado 2 o en el grado 1", ha aseverado.

"Mi rechazo a hacer este tipo de afirmaciones, sin ningún tipo de valoración además y sin apreciar qué está ocurriendo con las solicitudes, con las personas que están en lista de espera y simplemente hacer que no se note que ha habido un recorte que está afectando a muchas personas que tenían que estar recibiendo la prestación", ha destacado.

Por su parte, la consejera de Bienestar Social y Familia de Cataluña, Neus Munté, ha criticado que el Ministerio de Sanidad plantea "un sistema de información excesivamente intervencionista", desde el punto de visa del "control y la fiscalización" que eso representa. "Hay que compartir datos y así lo estamos haciendo. Pero esto no se puede convertir en una fiscalización o no podemos llegar a pensar que hay una desconfianza sobre la gestión de los fondos y del sistema de la dependencia", ha advertido Munté.

Desde un punto de vista práctico, la consejera catalana, ha considerado que "representa para la gestión es una dificultad añadida". "Se nos piden muchísimo datos, certificados, individuales de los usurarios. Este nuevo sistema creemos que es excesivamente intervencionista", ha recalcado.

Por otra parte, ha recordado al Ministerio que la jurisprudencia reconoce "año tras año" que Cataluña tiene "competencia exclusiva" para gestionar los servicios sociales y, por lo tanto, sus fondos. "Eso no sucede así", ha indicado, para después añadir que Cataluña es una comunidad donde "la aportación solidaria es muy elevada".

"Nosotros defendemos que estas aportaciones vuelvan de la forma más justa posible porque, en definitiva, son recursos para las entidades sociales que realizan proyectos muy importantes, sobre todo, dirigidos a los colectivos con mayor riesgo de exclusión y pobreza. En estos momentos esto es fundamental", ha remachado.

Volver a abrir el proceso

Por último, la consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias, Esther Díaz, ha criticado que gracias a este nuevo sistema, "después de haber revisado a lo largo de este año todos los expedientes de dependencia", ahora tienen que "volver a abrir un proceso de revisión y a rellenar una serie de campos más", en el caso de Asturias, tarjeta sanitaria y enfermedades raras.

"Eso significa paralizar una vez más el sistema de atención a las personas, porque mientras el personal de la Consejería tiene esta obligación de revisar y poner campos nuevos, lo que no vamos a poder hacer es rebajar la lista de espera, que había mucha, y seguir con la incorporación de más personas al sistema", ha argumentado.

Por ello, para Díaz, "no cabe duda" de que esto supone una "dificultad más". "No nos gusta este planteamiento y creemos que la transparencia no debe estar reñida con la eficacia jamás", ha aseverado.

Finalmente, respecto al establecimiento de unos mínimos básicos para todo el territorio sobre el Plan Integral de Atención a los menores de tres años, ha explicado que es "muy importante" que se establezca "claro y nítido la gratuidad y la universalidad del servicio" a estos niños. "Sí se habla de la gratuidad en el documento, pero no se plantea como principio básico para que todas las comunidades lo respetemos. Atenta contra la igualdad de las personas", ha conluido.

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