La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha solicitado al Gobierno central la convocatoria de una Comisión Bilateral para analizar los supuestos conflictos de competencias que ha esgrimido el Ejecutivo español en relación con el Decreto Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda y plantear "medidas para su resolución en el ámbito de la cooperación entre administraciones y no en el marco judicial", según ha explicado el viceconsejero del departamento, José Antonio García Cebrián.

Esta comisión es un órgano de cooperación interadministrativa recogido en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y en el artículo 220 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. El plazo de interposición del recurso de inconstitucionalidad es de tres meses desde su entrada vigor. No obstante, si antes de que finalice ese periodo se convoca, esos tres meses podrían ampliarse a nueve si se adopta acuerdo de negociación para resolver las discrepancias y se comunica al Tribunal Constitucional (TC).

"El recurso ante el Tribunal Constitucional que ha anunciado el Gobierno es absolutamente innecesario y precipitado, más aún cuando lo que está en juego es la protección de familias en situación extrema, y a las que el decreto da una oportunidad de salir adelante", ha apostillado.

El viceconsejero ha insistido en que la Comisión Bilateral "es el foro adecuado para estudiar la aplicación de la normativa, evaluar sus consecuencias y dirimir las cuestiones entre la Comunidad Autónoma y el Gobierno". Así, ha considerado fundamental por parte del Gobierno y de la Junta de Andalucía "sentarse y reflexionar".

Según ha dicho a los periodistas, "es necesario poner fin a una actitud de atolondramiento del Partido Popular en el enfoque de la política de vivienda".

El recurso, que podría suponer la suspensión cautelar de la aplicación de la norma, supondría "un revés del Gobierno a quienes menos tienen y más necesitan de las administraciones", ha señalado Cebrián, quien ha reiterado que la constitucionalidad de la norma andaluza es "absolutamente evidente" y está avalada por la jurisprudencia del propio Tribunal y por "voces de prestigiosos juristas que cada día toman la palabra en defensa del Decreto".

En unas jornadas destinadas a evaluar el trabajo realizado por las oficinas contra los desahucios del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, ha subrayado que "con el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Gobierno está en juego la protección de los derechos fundamentales de muchas familias en riesgo de exclusión social, que han encontrado en el Decreto la herramienta que les permite permanecer en sus hogares durante tres años y no ser desalojadas, careciendo además de otras normas a las que acogerse para defender este derecho".

Precisamente por ello, el viceconsejero de Fomento y Vivienda ha subrayado que "el Gobierno debe evitar a toda costa decisiones precipitadas que supongan un grave perjuicio para miles de familias que ven vulnerados derechos fundamentales".

Este decreto andaluz continúa en vigor y, de hecho, la Consejería sigue tramitando expedientes de expropiación para evitar desahucios de personas en riesgo de exclusión social, así como inspeccionando el parque de vivienda para detectar los inmuebles deshabitados y sancionar a los bancos u otras personas jurídicas que los posean, si procede.

"No vamos a dar marcha atrás. Hay 700.000 viviendas vacías en Andalucía, donde desde 2007 se han producido más de 80.000 desahucios. Eso es absolutamente insostenible", ha finalizado el número dos de la Consejería de Fomento y Vivienda.

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