El portavoz adjunto del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha reclamado este jueves al Gobierno municipal del PP que "no cuente milongas" para intentar defender la salida a concurso de la explotación del centro deportivo Fundición, que desde su apertura en 2007 ha funcionado bajo la gestión directa del Instituto Municipal de Deportes. Muñoz avisa de una "una privatización sin justificación" porque se trata de "una instalación deportiva rentable, incluso de las más rentables, que está a pleno rendimiento y colapsada de usuarios".

El consejo de gobierno del Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Sevilla, como se ha informado, ha aprobado este jueves el pliego de condiciones que regirá la salida a concurso público de la gestión del centro deportivo Fundición, enclavado en la calle Crédito, en el entorno de la Alameda de Hércules. Hasta ahora, el centro deportivo ha estado gestionado directamente por el mencionado organismo autónomo del Ayuntamiento hispalense.

El Gobierno municipal del PP esgrime que el recinto, estrenado en 2007, tiene "en bruto" la piscina infantil, una pista polideportiva, varias salas de uso deportivo y la cafetería y es necesaria una inversión de aproximadamente "un millón de euros" para solucionar estos aspectos, defendiendo la externalización de la gestión de las instalaciones como "la mejor solución" a la escasez de dinero público.

Frente a esto, Antonio Muñoz ha manifestado que esta operación es, sencillamente, "una privatización sin justificación". "Es una instalación deportiva rentable, incluso de las más rentables, hecha con dinero público y que está terminada. Está a pleno rendimiento y colapsada de usuarios", ha manifestado el dirigente socialista, quien rechaza los argumentos del Gobierno local asegurando que "no cabe margen de privatización porque la iniciativa privada vaya a mejorar las instalaciones".

Así, ha reclamado al Gobierno local del PP "que no cuente milongas" porque se trata de una "privatización sin justificación" y "si privatizan, la empresa privada tendrá que tener su margen —de beneficios— y eso va a tener repercusión en los ciudadanos", en referencia a las tarifas que pagan los usuarios.