El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), ha celebrado este jueves que la Abogacía del Estado haya zanjado las consultas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente aclarando que la declaración de impacto ambiental (DIA) emitida en 2003 y que regula las operaciones de dragado en el tramo navegable del Guadalquivir sigue vigente. La resolución de este aspecto, según Zoido, "ahorra dos años" en la tramitación del proyecto de dragado de profundización promovido por la Autoridad Portuaria de Sevilla, toda vez que el primer edil elevará dicho informe jurídico a la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (Unesco).

"Afortunadamente, la DIA de 2003 sigue en vigor. Esto nos ahorra dos años, que es lo que se tarda en redactar una declaración de impacto ambiental", ha manifestado Zoido en declaraciones a los medios de comunicación acerca del trámite administrativo que afronta el dragado de profundización promovido por la Autoridad Portuaria para el tramo navegable del Guadalquivir. En ese sentido, el alcalde ha anunciado que elevará a la Unesco el documento de la declaración de impacto ambiental, así como el informe de la Abogacía del Estado, dado que dicho organismo internacional se ha pronunciado en contra el citado proyecto.

Las prescripciones de la dia

"Tenemos que cumplir todas las prescripciones de la declaración de impacto ambiental y cada administración debe hacer lo que le corresponde", dice el alcalde manifestando su empeño por "impulsar" este proyecto pero siempre con las necesarias garantías para los cultivos de arroz que pueblan el estuario del Guadalquivir.

El dragado de profundización del río Guadalquivir es un proyecto que cuenta ya con aproximadamente diez años de historia a sus espaldas. Lo promueve la Autoridad Portuaria de Sevilla al objeto de que el tramo navegable del río Guadalquivir acoja la navegación de buques de mayor calado, pero encuentra una firme oposición en el sector agrícola de la comarca del Bajo Guadalquivir, que teme que un incremento de la salinidad acabe afectando a los cultivos de toda esta zona donde el sector primario juega un papel sencillamente imprescindible.

La dia de 2003

De cualquier modo, los dragados de mantenimiento y conservación acometidos anualmente por la Autoridad Portuaria sobre el cauce vivo del río Guadalquivir están regulados por una declaración de impacto ambiental que se remonta a 2003 y que autoriza este tipo de labores por un periodo de 20 años. El dragado de profundización, no obstante, requiere el beneplácito expreso de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El Consejo de Participación de Doñana también debe pronunciarse sobre el proyecto, si bien su posición no tiene carácter vinculante.

En ese sentido, cabe recordar que en la anterior legislatura, la propuesta elevada a la Administración central por la Autoridad Portuaria de Sevilla para el dragado de profundización fue desechada al entender el Estado que el dictamen de la Comisión Científica para el Estudio de las Afecciones de las Obras de Dragado del Río Guadalquivir, que resuelve que el dragado de profundización es incompatible con la conservación del estuario del río, es parte "inherente" a la propia declaración de impacto ambiental de 2003. Tal extremo, así, supuso el fin de aquel proyecto en concreto.

La unesco se pronuncia en contra

Actualmente, la Autoridad Portuaria ha elaborado un nuevo proyecto técnico para el dragado de profundización al objeto de licitarlo si finalmente obtiene los parabienes de las administraciones, toda vez que la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (Unesco), en la XXXVII sesión de su comité de Patrimonio Mundial, ha aprobado una resolución que da cuenta de las "amenazas" que sufre el parque nacional de Doñana, señalando entre otras cosas la "urgencia" de no permitir el dragado de profundización.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, conforme al nuevo proyecto de dragado de profundización promovido por la Autoridad Portuaria, había realizado la consulta jurídica mencionada al comienzo de esta información para dilucidar si la DIA de 2003 tiene actualmente validez o sería necesario emitir una nueva. Finalmente, y según ha informado a Europa Press la Autoridad Portuaria, la Abogacía del Estado ha considerado "vigente" el documento de 2003.

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