Las organizaciones ecologistas, representadas por COAGRET y la Plataforma en Defensa de l'Ebre, han presentado este jueves un voto particular contra el proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro, que se está debatiendo en la sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) antes de su aprobación por parte del Gobierno de España, debido al aumento de regadíos y obras.

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de COAGRET, Valentín Cazaña, ha expresado la "decepción" de los grupos ecologistas después de un proceso que ha durado siete años, tiempo durante el cual en la elaboración del documento no se han aplicado, según Cazaña, los objetivos de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea y no se han limitado las demandas de agua.

"Más bien es justamente al contrario", ha continuado Cazaña, en cuya opinión el Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro se ha convertido en el "todo vale" y en un "aumento sin control" del número de hectáreas de regadío, hasta 400.000 más. Se ha quejado de la inclusión de un catálogo de 35 obras nuevas, "muchas de ellas sin justificar".

El presidente de COAGRET ha criticado, asimismo, que la CHE esté "vendiendo" que el 70 por ciento de las masas de agua estudiadas tengan un buen estado ecológico, pero ha dicho que las estudiadas no representan ni el 50 por ciento del total. Además "no se tienen en cuenta indicadores fundamentales, como los peces".

Plan "ideológico"

El portavoz de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Manel Tomás, ha tildado el plan de "ideológico" y ha aseverado que está hecho "en contra del delta" debido a que contempla un aumento "injustificado" de regadíos, 400.000 hectáreas que "no tienen sentido" y conllevan "un uso abusivo", de tal forma que "no quedan los caudales ambientales necesarios y justos para el mantenimiento del Delta".

El plan "certificará la muerte del Delta del Ebro" y, si se aprueba tal y como está elaborado, "va a rayar el delito ecológico", ha agregado Manel Tomás. En su opinión, no se ha producido un debate técnico ni científico, sino "un reparto político del agua que se ha hecho totalmente de espaldas a las necesidades ambientales que tienen el río Ebro y el Delta".

De llevarse a cabo el plan, "se generará un conflicto" de ámbito europeo, ya que las normas que se deben aplicar sobre la demarcación son estatales, europeas y mundiales, ha dicho el portavoz de la Plataforma.

Tomás ha comentado que esta entidad comparecerá, el 9 de julio, ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y el día 12 están convocadas las fuerzas políticas catalanas en Tortosa para pronunciarse sobre el plan. "Lo que se plantea es un reto a la ciudadanía del Delta del Ebro", ha considerado.

En una nota de prensa, la Red de Organizaciones en Defensa de la Cuenca del Ebro 'Cuenca Azul', a la que pertenecen COAGRET y la Plataforma, ha indicado que el verdadero objetivo del plan es "el máximo control de los recursos hídricos" y advierten del "deterioro" irremediable de los ecosistemas acuáticos por la escasez de caudales y por la contaminación.

'Cuenca Azul' ha criticado el "cinismo" del Plan al justificar los nuevos embalses como medida ambiental, ya que "lo que hace un embalse es desregular el funcionamiento natural de un río". También han señalado que no se ha analizado la repercusión del plan sobre los espacios protegidos de la Red Natura 2000.

PARTICIPACIÓN

El plan es resultado de un "intenso proceso de participación" en el que han tomado parte más de 1.700 asociaciones e instituciones, ha informado la CHE en un comunicado.

Asimismo, el organismo de cuenca ha definido este documento como "una oportunidad social que recoge los objetivos comunes de las nueve Comunidades autónomas" que integran la cuenca "para alcanzar una gestión más eficiente y sostenible del agua que oriente las decisiones de las Administraciones y de los ciudadanos".

Este viernes, 5 de julio, se reunirá el Comité de Autoridades Competentes para dar su conformidad a la propuesta, paso previo para que el documento básico de gestión de la cuenca sea elevado al Gobierno para su aprobación definitiva mediante Real Decreto.

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