La incorporación de 7 nuevos letrados a la Junta supondrá "ahorro" y una "mejor prestación de servicios a ciudadanos"

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la ampliación de la oferta de empleo público de la Junta para el próximo año para convocar siete plazas vacantes de la escala superior del cuerpo de letrados de la Administración regional, que supondrá un ahorro para el Gobierno regional y mejorará la prestación de servicios a los ciudadanos.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la ampliación de la oferta de empleo público de la Junta para el próximo año para convocar siete plazas vacantes de la escala superior del cuerpo de letrados de la Administración regional, que supondrá un ahorro para el Gobierno regional y mejorará la prestación de servicios a los ciudadanos.

Así lo ha indicado en la rueda de prensa para dar a conocer los acuerdos del Consejo de Gobierno, el portavoz regional, Leandro Esteban, quien ya adelantó la semana pasada en Albacete esta ampliación de la oferta de empleo público de la Junta.

Con esta convocatoria, como ha indicado Esteban, se procuran los medios necesarios para cubrir estas siete plazas de letrados que se integrarán en el Gabinete Jurídico de la Junta, con una convocatoria que se recoge dentro del nuevo Proyecto de Ley de Organización de Servicios Jurídicos que se está tramitando en las Cortes.

El proceso selectivo que llevará a cabo será por el sistema general de libre acceso y por el sistema de oposición, por lo que Esteban ha indicado que se "respetarán escrupulosísimamente" los principios de mérito y capacidad.

La convocatoria deberá estar organizada antes de 31 de diciembre de 2013 y las razones que aconsejan esta convocatoria de siete plazas de letrados según Esteban son el aumento de la litigiosidad del Gabinete Jurídico de la Junta y la reducción de efectivos debido a las jubilaciones que se han ido produciendo.

Asimismo, el consejero ha detallado que se trata de una medida que va a generar ahorro porque permitirá al Gobierno autonómico eliminar la contratación de servicios jurídicos externos que en estos momentos se tiene que llevar a cabo como consecuencia de la carga de trabajo.

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