La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha destacado este jueves que la intención del Ejecutivo central al interponer un recurso de inconstitucionalidad sobre el conocido decreto 'antidesahucios', aprobado por la Junta, es "la búsqueda de la igualdad entre los españoles" y ha asegurado que "no hacen falta ni expropiaciones ni normativas que crean inseguridad jurídica".

En rueda de prensa para presentar las actuaciones de mejora programadas en la Cuenca del Guadalquivir, Crespo que se encuentra a la espera del dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado, que le fue encargado por el Gobierno de cara al recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía, ha señalado que la intención del Gobierno "no es estar en contra de los intereses de Andalucía.

"El Gobierno de España desde marzo ha hecho normativas para que las personas que tienen problemas de desahucios y que están en exclusión social no tengan esos problemas", ha señalado la delegada, quien ha añadido que "la parálisis de los desahucios en España está ya encima de la mesa".

De esta manera, ha rechazado las palabras de la consejera andaluza del ramo, Elena Cortés, en las que señalaba que el PP "teme" el amplio alcance del decreto y "no la supuesta vulneración de la Constitución".

Asimismo, la delegada ha apuntado que la normativa andaluza al respecto crea "problemas" en cuanto a las reformas que lleva a cabo el Gobierno de España para poner al país "en el punto de crecimiento y creación de empleo".

Además, ha destacado que la Administración andaluza ha presentado un total de siete recursos, entre contencioso-administrativos y constitucionales, contra el Gobierno, mientras que éste ha presentado dos en materias en las que se pretende "dar una garantía con medidas a nivel nacional para que personas que lo están pasando muy mal tengan una salida".

La delegada del Gobierno también ha detallado que las expropiaciones "en este momento están obsoletas y no dan seguridad jurídica ni a las personas desahuciadas ni a la sociedad".

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