El presidente de la Unión de Consumidores en Asturias (UCE), Dacio Alonso, ha anunciado este jueves en Gijón que tienen preparadas ya las primeras 200 reclamaciones administrativas contra la aplicación de las cláusulas suelos y la negativa de las entidades financieras para ser presentadas ante el Gobierno regional a partir de la semana próxima. Cada reclamación podría suponer una sanción de 15.000 euros a 600.000, aunque la pretensión es que se aminore la misma si resarcen el daño causado.

Así lo ha indicado durante la presentación del servicio personalizado de información y asesoramiento de productos financieros 'tóxicos', como las preferentes o deudas subordinadas y las cláusulas suelo hipotecarias, que se inicia en Gijón a través de un convenio con el Ayuntamiento pero que podría extenderse a otros municipios que han mostrado ya su interés. En Gijón, de hecho, hay más de 20.000 afectados por estos productos.

En este sentido, Alonso ha apuntado que en Asturias hay unas 30.000 familias afectadas por la cláusula suelo, algo que los bancos y cajas comenzaron a aplicar de forma generalizada desde 2007 y que ha conllevado que se pague actualmente de interés tres veces más de lo que correspondería. El coste estimado por familia en demasía es de entre 6.000 y 8.000 euros, que sería lo que se pide que devuelva la entidad, además de suprimir esta cláusula en la hipoteca, para que se aminore la sanción.

A este respecto, ha explicado que, con la Ley de Consumidores del Principado de Asturias en la mano, para la UCE esta cláusula 'abusiva' sería tipificada como falta muy grave, aunque el Principado podría considerarla grave, con lo que la sanción iría de 3.000 a 15.000.

Alonso ha destacado que esta vía administrativa no tendría coste para el afectado y le evitaría la vía judicial, que puede llevar de dos a tres años al estar saturados los juzgados mercantiles. Por este motivo, ha animado a quien esté perjudicado por esta cláusula a que acuda a la UCE para iniciar los trámites de la reclamación.

Asimismo, ha apuntado que hasta la fecha, solo el BBVA ha anunciado que a partir del 31 de julio va a dejar de aplicar la cláusula suelo con el pago de los intereses retroactivos a fecha de la sentencia del Tribunal Supremo que la declara nula en determinas circunstancias, como la falta de información al cliente sobre sus consecuencias. Esto le supondrá dejar de ganar 425 millones de euros anuales.

No obstante, y aunque ha habido ya 13 tribunales en España que han obligado a las entidades a devolver lo cobrado con carácter retroactivo a la firma de la escritura, se sigue aplicando esta cláusula en las nuevas hipotecas, aunque garantizando los supuestos en los que el TS lo permite. Alonso ha recalcado que también se han elevado los diferenciales del euribor a aplicar, que rondan el 3 y 4 por ciento, algo que ha considerado de "inaccesible".

Asesoramiento gratuito

En cuanto al servicio gratuito de información y asesoramiento gijonés, al que ya han acudido bastantes personas, ha insistido en la necesidad de pedir cita previa para dar una correcta atención a todos y que se les informe de la documentación que deben llevar. Alonso ha resaltado que ha habido una quiebra de confianza ciudadana en la forma en a que bancos y cajas se han ido capitalizando "abusando" de sus clientes con todo tipo de productos financieros.

"Los bancos se han enriquecido a base de abusar de sus clientes de una forma absolutamente ilícita", ha destacado, algo que se ha hecho, a su juicio, con la "complicidad" del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que decidieron "mirar para otro lado". Es por ello, que ha conminado a no permitir que "este tipo de abusos queden impunes".

Junto a Alonso ha intervenido el concejal de Participación Ciudadana, Pedro Barbillo, que ha indicado que paralelamente al servicio personalizado, se darán charlas en los centros municipales integrados y en el Centro Social de Leorio en octubre y noviembre.

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