La consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha rechazado este jueves la idea que el Ministerio "intenta trasladar machaconamente" y que pasa por "asociar fraude y Dependencia" y ha recordado que el Gobierno de España debe a Andalucía la "escandalosa cifra" de seis millones de euros a Andalucía".

En declaraciones a los periodistas antes de pronunciar una conferencia en la Fundación ONCE en Madrid, Montero ha lamentado que "permanentemente" escuchemos "titulares de cómo combatir el fraude, como si el desarrollo de la ley hubiera estado marcado porque los ciudadanos hubieran engañado a las administraciones o las comunidades autónomas hubieran, a su vez, engañado al Estado".

A su juicio, la realidad es bien distinta y, en base al estudio preliminar del Tribunal de Cuentas, Andalucía "no solo no había producido ningún fraude en personas que no tenían que tener la prestación sino que el Gobierno le debía seis millones de euros".

Según sus palabras, eso lleva a pensar que "se quiere ir trasladando deliberadamente y como una lluvia fina la idea de que la Ley de Dependencia ha estado marcada por el fraude y que hay que tomar medidas muy duras de ajuste para que no se produzca, cuando lo que se hace es contribuir a su desmantelamiento".

Además, ante el Consejo Territorial de Asuntos Sociales y del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, que se celebrará este jueves bajo la presidencia de la ministra del ramo, Ana Mato, Montero ha dicho que el Gobierno central viene trabajando desde hace tiempo en diferentes elementos que se van a incorporar a la valoración de los dependientes, entre ellos el del patrimonio, para la valoración de su copago.

En esa línea ha advertido de que algunas prestaciones se va a incrementar "de forma desmedida" de modo que algunas personas "no van a poder recibir la prestación porque no podrán pagar la parte complementaria que se les solicita".

La consejera andaluza también ha aludido a la Escala de Valoración Territorial del Observatorio de la Dependencia, conocida este jueves y que señala que la implantación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia retrocedió en trece comunidades autónomas durante el primer semestre del año, entre ellas, en Andalucía, cuya puntuación ha caído de 7,1 a 5,8 en seis meses, aunque sigue por encima de la media.

Montero ha dicho que ese diagnóstico "coincide" con las afirmaciones de la Junta tras la retirada de financiación del nivel acordado, lo que ha hecho que Andalucía tenga 200 millones de euros menos para poder financiar las prestaciones de personas que ya están dentro del sistema.

"Evidentemente se está produciendo un desmantelamiento encubierto de la ley, que hace muy difícil que solo las comunidades autónomas puedan sostener el desarrollo de las prestaciones de ayuda a domicilio y en el entorno residencial para las personas que lo necesitan", ha manifestado.

Así, la responsable andaluza resume que eso significa que "recibimos menos dinero de Madrid y además se nos solicita un mayor esfuerzo en la austeridad pública, lo que se traduce en una menor financiación para las personas ya incorporadas". Aunque considera que "ninguna" comunidad habrá "negado las prestaciones a los que ya estaban en el sistema", sí produce un "efecto no deseado" que es que aquellas personas que se tenían que incorporar lo hacen "tan lentamente" que, a veces, "los tiempos que tardaos para resolver esos expedientes "no son aceptables".

Así las cosas, ha concluido señalando que Andalucía sigue siendo "la región con más dependientes incorporados al sistema, un 25 por ciento del total de los beneficiarios" y continúa ostentando una "posición de liderazgo" pero es consiente de que si se siguen practicando medidas de austeridad, el sistema difícilmente va a ser sostenible".

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