El servicio de Inspección de Instituciones Penitenciarias ha abierto una información reservada (una investigación) para esclarecer si personal de laboratorios farmacéuticos privados han tenido acceso al historial clínico de presos enfermos de hepatitis, algo que prohíbe la ley.

La Inspección, que ya ha tomado declaración a ocho trabajadores de cárceles andaluzas, entre médicos, ATS y farmacéuticos, inició sus pesquisas a raíz de la denuncia de un médico de una prisión, a la que se sumó el sindicato ACAIP-USO.

La denuncia, presentada en febrero de este año, revela que al menos desde abril de 2012 hasta febrero de 2013 una "persona ajena al centro penitenciario y trabajadora de un laboratorio farmacéutico tenía acceso al módulo de enfermería para recoger datos e informes de los expedientes de internos adscritos al Estudio Perseo". La denuncia recoge incluso el nombre de esta trabajadora del laboratorio.

El estudio se puso en marcha en 2011, organizado por la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), que asocia a los médicos que trabajan en las prisiones españolas (actualmente hay 391 para atender a 58.876 internos, sin contar Cataluña), y autorizado por el ministerio del Interior. El objetivo era doble: evaluar la respuesta al tratamiento de los presos con hepatitis C, entre el 20 y el 25% de la población reclusa; y la prevalencia de los trastornos de personalidad en los presos con hepatitis, trastornos presentes en el 72% de los reclusos con esta enfermedad.

Incumple un reglamento y circulares internas

La denuncia revela, por ejemplo, que en febrero de este año la trabajadora del laboratorio "se instaló en una sala de juntas donde se puso a su disposición historias clínicas individualizadas de internos, teniendo acceso a información sanitaria sin control o presencia de médicos del centro". El artículo 215 del Reglamento Penitenciario estipula que "los datos integrados en la historia clínica individual tendrán carácter confidencial, siendo únicamente accesibles para el personal autorizado". Otra circular interna, la 1/1994-SS, señala que "la información sanitaria únicamente estará a disposición de los enfermos y de los facultativos encargados de su atención".

El sindicato quiere saber por qué se paga el tratamiento a presos ya excarcelados y cuánto cuesta El estudio Perseo se ha llevado a cabo en 25 prisiones españolas y con 227 reclusos, según datos de la SESP. La edad media de los enfermos es de 40 años. Y el 92% son hombres. Por su parte, el sindicato ACAIP-USO ha solicitado a Instituciones Penitenciarias que le informe del gasto farmacéutico de las 25 prisiones implicadas en el estudio, ya que ha tenido conocimiento de que los centros suministran a los presos enfermos medicamentos suficientes para seguir con el tratamiento cuando son excarcelados, incumpliendo así la instrucción 16/07 y engordando así el gasto en favor de los dos laboratorios que fabrican los medicamentos. Se trata de Roche, que fabrica el Pegasys; y de Merck, que hace el Pegintron. Estas dos medicinas son interferón pegilado, que combinado (uno de los dos) con ribavidina componen el tratamiento.

Antonio López, médico y presidente de la SESP, explica a 20Minutos que conoce la apertura de la investigación y la comprende, porque la obligación de la inspección es comprobar todas las denuncias, pero aclara "que se ha tergiversado la información y que la denuncia parte de una rencilla personal de un médico. El estudio está autorizado y aprobado por Instituciones Penitenciarias. Todo es legal".

"Todo está en regla", se defienden los médicos

Este diario ha tenido acceso a la autorización del ministerio del Interior que aprueba la participación de médicos de prisiones en el estudio, autorización que no incluye a personal privado de los laboratorios. "Están autorizados", recalca Antonio López. "Hay que supervisar el estudio y los resultados, y lo lógico es que lo hagan supervisores externos, objetivos. Es la figura del monitor, que en algunos casos recae en personal del laboratorio". López insiste que el personal externo no ve historiales clínicos, sino que los resultados del estudio y analíticas. "Todo quedará en nada porque todo está en regla".

Antes de comenzar el tratamiento, el 72% de los presos seleccionados tenían trastornos de personalidad. Y el 51% de ellos más de un trastorno, según la SESP, que explica que el tratamiento está dando buenos resultados en los enfermos. Ahora en 2013 se está haciendo un seguimiento de los internos porque el tratamiento puede producir trastornos depresivos. Instituciones Penitenciarias no da información sobre la investigación, ya que es reservada. Solo recalca que este estudio se puso en marcha con la anterior administración, del PSOE, y "que las pesquisas se siguen realizando". Una fuente autorizada añade que se investigan anomalías en la custodia de los historiales clínicos y en cuantas prisiones se pudieron producir.