Una nueva ordenanza municipal en Murcia, que se aprobará en el próximo pleno, regulará los derechos y obligaciones de las personas con discapacidad.

Esta nueva norma, con la que la concejalía de Tráfico y Transportes, que dirige Javier Iniesta pretende facilitar la vida cotidiana a las personas con movilidad limitada, se ha consensuado con asociaciones, Policía Local y responsables de tráfico, así como con los grupos municipales de la oposición.

La Junta de Gobierno ha dado este miércoles luz verde al proyecto de ordenanza reguladora para el otorgamiento y uso de tarjetas de aparcamiento a personas de movilidad reducida, de la que podrán ser beneficiarias las personas que residan y se encuentren empadronadas en Murcia y tengan reconocido, por el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) o el organismo competente, una valoración de 7 o más puntos del baremo de movilidad.

Entre las novedades que introduce esta nueva prestación, destaca la ampliación del periodo máximo permitido para estacionar en las zonas reservadas a las personas con movilidad reducida reconocida, que pasa de cuatro a seis horas.

De este modo se sigue favoreciendo el carácter rotatorio de los espacios reservados a minusválidos, que suman un total de 360 plazas en el municipio.

En las zonas de carga y descarga se permite aparcar durante un máximo de dos horas. Por otra parte, los titulares de la tarjeta tendrán derecho a obtener la tarjeta de aparcamiento para residentes de la ORA naranja especial, y aparcar en esta zona de 8 a 20 horas con ambas tarjetas.

La ordenanza también recoge las infracciones que pudieran darse, catalogadas como leves, graves y muy graves, según el grado de alteración del permiso.

Como ejemplo de leve sería no colocar de forma visible la tarjeta o exceder el tiempo de estacionamiento autorizado, siempre que este no sobrepase el cincuenta por ciento del máximo autorizado. Un caso grave sería ceder, prestar o dejar la tarjeta a otra persona distinta a la del titular.

La sanción recaerá para el titular de la tarjeta o hacer uso de una tarjeta caducada y una muy grave la utilización de una tarjeta manipulada, falsificada, copiada o fotocopiada, anulada o de una persona fallecida o la reiteración de tres faltas graves en dos años. Las sanciones oscilan entre los 100 y los 3.000

Otra novedad destacable consiste en que el mal uso de la tarjeta no conlleva su retirada, algo que sí sucedía hasta ahora. Por otra parte, es importante reseñar que una vez aprobada en el próximo pleno de julio, la ordenanza estará expuesta al público un total de 60 días, cuando lo habitual son 30.