En declaraciones a Europa Press, ha manifestado su "total tranquilidad" al haberse regido en el desempeño de su cargo en todo momento por el "estricto cumplimiento de la ley y del derecho así como de los procedimientos establecidos". "Soy funcionario de carrera, de la Administración General del Estado y de la Junta de Andalucía, y siempre he ejercido las competencias atribuidas en defensa de los intereses públicos y bajo el principio de fundamentar mi actuación en el servicio a los ciudadanos", ha apuntado.

Para Valverde, el auto no "contiene razonamiento jurídico que justifique mi imputación y no se aprecia ninguna tacha de tipo penal, no evidenciando indicios de la comisión de ningún delito". En todo caso, y en lo que se refiere a su actuación, según ha explicado, se cita un déficit temporal existente en la financiación de las ayudas sociolaborales que pagaba la Agencia, o desfase presupuestario, citando como ejemplo el de 2005.

Ha agregado que aunque pueda ser muy discutible que esos posibles desfases tengan la consideración de delito, hay que indicar que en los ejercicios 2010 y 2011, bajo su dirección, "no existió tal déficit", algo que puede comprobarse simplemente con la consulta de las cuentas anuales de dichos ejercicios, auditados por Price Whaterhouse Coopers.

También ha querido indicar que desde que surgió este caso, ha prestado siempre plena colaboración a la justicia en el desarrollo de la instrucción, aportando cuanta documentación le ha sido requerida e incluso realizando determinados informes de oficio que han ayudado en el desarrollo de la investigación.

En su opinión, la aparición de su nombre y de otros compañeros de IDEA y del antiguo IFA en el auto, son los que se solidariza, solo obedece "a haber cumplido fielmente con nuestras obligaciones como servidores públicos, desarrollando nuestra labor con honestidad y eficacia".

Asimismo, ha estimado que la imputación, "lejos de proporcionar una cobertura para una mejor defensa, al tener tan débil argumentación, lo único que causa es una indefensión jurídica amen del sometimiento a un escarnio público, que no tiene luego arreglo en lo personal, familiar e incluso profesional". También ha lamentado el "daño reputacional irreparable a la institución" que representa.